El martes 17 de noviembre se presentó ante la Secretaría de la Ciudad de San Diego una respuesta oficial al intento de destitución del alcalde Todd Gloria .
Un grupo llamado San Diegans Against the Recall, cuyos copresidentes son Keith Jones, propietario de ACE Parking, y Brigette Browning, presidenta del Consejo Laboral de los condados de San Diego e Imperial, ofreció una respuesta a la iniciativa .
Una vez iniciado el proceso de revocación, la persona implicada, o un grupo en su nombre, puede presentar una respuesta.
El 3 de noviembre, el Times of San Diego dio a conocer la noticia de que un grupo, liderado por la defensora de la justicia penal Geneviéve Jones-Wright, inició una iniciativa para destituir al alcalde Todd Gloria debido a su descontento con su gestión de las finanzas de la ciudad, su política de vivienda y su falta de liderazgo ante la crisis de personas sin hogar en San Diego.
“Hemos perdido la confianza en su competencia, liderazgo, criterio y franqueza. Los habitantes de San Diego merecen respuestas honestas, decisiones transparentes, una gestión responsable del dinero público y un alcalde accesible y responsable ante el pueblo”, rezaba el Aviso de Intención del 3 de noviembre.
El grupo respondió a la campaña de revocación con un comunicado titulado “Advertencia sobre la revocación: Un error costoso para San Diego”. En respuesta, acusan a Gloria de mala gestión financiera y argumentan que el costo de la revocación no justifica el resultado.
La Oficina del Registro de Votantes de San Diego estima que el costo de la revocación será, como máximo, de 16,5 millones de dólares.
“Una revocación del mandato no bajará el alquiler de nadie, ni reducirá el precio de los alimentos, ni arreglará los baches, ni hará que la vivienda sea más asequible. Les costará millones a los habitantes de San Diego, creará una inestabilidad innecesaria y distraerá a los líderes de la ciudad del trabajo que los residentes esperan que realicen”, reza la respuesta de San Diegans Against the Recall.
El grupo también advierte que el proceso abre la puerta a que “un extremista de MAGA con amplios recursos se convierta en nuestro próximo alcalde”.
Hasta el momento, no existe ningún registro oficial de este grupo ante la ciudad, pero la oposición a la revocación del mandato está creciendo.
Días después de que se hizo pública la noticia de la revocación del mandato, la Asociación de Empleados Municipales de San Diego , el sindicato que representa a los empleados de la ciudad, se pronunció en contra de la iniciativa. Destacando que el puesto de Gloria estará en juego en las elecciones dentro de tan solo 16 meses, afirman que San Diego se beneficiaría más de un alcalde centrado en gobernar que en hacer campaña.
También argumentan que la participación históricamente baja en las elecciones especiales no proporciona a los habitantes de San Diego la representación más eficaz.
“Para que los residentes tengan la voz más fuerte en el futuro de nuestra ciudad, el próximo alcalde de San Diego debe ser elegido por la mayor cantidad de votantes, lo cual ocurrirá en las elecciones presidenciales de 2028. En una elección especial de revocación con baja participación, un candidato puede ganar con tan solo el 20% de los votos, y sin obtener nunca la mayoría”, escribió la MEA.
Recientemente, el representante Scott Peters publicó en Facebook una declaración pública en contra de la revocación del mandato , advirtiendo a los habitantes de San Diego que sería costosa.
Dijo que los fondos que se destinarían a la revocación del mandato podrían utilizarse mejor para reparar los desagües pluviales, mantener abiertos los baños de las playas o construir estaciones de bomberos.
Tras la presentación de esta declaración en nombre del alcalde, el proceso de revocación queda ahora en manos de quienes lo lideran. Un comité de campaña formado por Jones-Wright presentó una declaración de organización ante la ciudad de San Diego el lunes 16 de noviembre. Ahora, el comité que apoya la revocación, llamado “Adiós Todd”, puede recibir y gastar fondos para esta iniciativa.
Tendrán hasta el 3 de marzo de 2027 para recolectar al menos 122.936 firmas de votantes registrados en la ciudad de San Diego.






