El lunes, el Ayuntamiento de San Diego tomó medidas drásticas en materia de políticas de vigilancia y votó por unanimidad a favor de suspender el uso de lectores automáticos de placas (ALPR, por sus siglas en inglés).
Pero, en una decisión sorpresiva, el consejo también votó a favor de suspender el programa de alumbrado público inteligente de la ciudad.
Estas medidas abrieron la puerta a la rescisión del contrato de la ciudad con Flock Safety y Ubicquia, otro sistema de cámaras con inteligencia artificial menos conocido.
Antes de la votación unánime (7-0) sobre el sistema ALPR, el concejal Henry Foster III propuso reconsiderar también la política municipal de alumbrado público inteligente. Esto se debe a que los dos sistemas de cámaras no pueden separarse en el contrato municipal de casi 12 millones de dólares.
El concejo se mostró dividido respecto a esa decisión, rechazando la política de uso de alumbrado público inteligente por 5 votos contra 2. Los concejales Vivian Moreno y Raúl Campillo votaron en contra, mientras que Jen Campbell y Marni von Wilpert estuvieron ausentes en las votaciones clave.
La Policía defiende los sistemas de reconocimiento automático de placas como herramientas importantes para combatir el crimen, pero los defensores de la privacidad han expresado su preocupación por la enorme cantidad de datos que recopila esta tecnología, quién tiene acceso a la información local y cómo se utiliza.
Las críticas han cobrado tal fuerza que decenas de ciudades han prescindido recientemente de las cámaras de Flock Safety.
Los críticos demostraron su amplia representación demográfica durante las tres horas de intervención pública ante el consejo municipal el lunes. Los baby boomers se unieron a los millennials que cantaban parodias de Fall Out Boy y a los estudiantes de la Generación Z que citaban encuestas comunitarias.
Los detractores del sistema ALPR critican especialmente a Flock Safety, el proveedor dominante del sector. Muchos no quieren que sus datos estén en manos de Flock, alegando temores sobre la colaboración de la empresa con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Pero la Policía de San Diego tampoco salió ilesa de la reunión.
Muchos asistentes a la reunión del lunes manifestaron su desconfianza en el uso que el Departamento de Policía de San Diego hace de esta tecnología. Los oradores citaron reportajes del Times of San Diego que mostraban cómo una falsa detección del sistema ALPR provocó que un hombre pasara meses en la cárcel por un delito que no cometió.
En otro caso, también reportado por el Times of San Diego , una detección automática de un auto robado por parte del sistema ALPR provocó que un agente del Departamento de Policía de San Diego (SDPD) disparara a un pasajero de 19 años que se encontraba en el vehículo. El propietario afirmó que el auto no había sido robado.
Más recientemente, Voice of San Diego informó que el Departamento de Policía de San Diego (SDPD) utilizó esta tecnología para rastrear a una víctima de violencia doméstica durante una investigación interna sobre conducta sexual inapropiada por parte de un agente.
El concejal Sean Elo-Rivera, un crítico acérrimo de esta tecnología, señaló estos casos como justificación de su opinión de que la policía ha perdido la confianza de los residentes en este tema.
“Creo que todos estos casos comparten algo que debería preocuparnos a todos, y es que nuestro sistema de justicia se basa en una premisa muy básica: que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los sistemas de reconocimiento automático de matrículas parecen trastocar por completo esa idea”, afirmó.
El concejal Raúl Campillo, que cambió de postura sobre este tema la semana pasada, dijo que la noticia de que la policía utilizó la tecnología como parte de una investigación interna fue más que suficiente para hacerle cambiar de opinión.
“Me decepciona profundamente la postura que ha adoptado el departamento respecto a esa interpretación. Y jefe”, dijo, dirigiéndose al jefe de policía Scott Wahl, “esperaba más, dado lo claros que han sido varios concejales sobre nuestros temores al respecto y la confianza que depositamos en usted no solo para que cumpliera las normas, sino también para que comprendiera la situación en su conjunto y lo que esperaba el público”.
Algunos miembros del concejo también citaron estos casos, pero la preocupación más común entre ellos era el posible uso que el gobierno federal podría dar a los datos recopilados por los sistemas ALPR.
“Mi opinión sobre la eficacia de los sistemas de reconocimiento automático de matrículas no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el contexto”, declaró el concejal Stephen Whitburn, quien había apoyado la tecnología hasta que anunció su cambio de postura el mes pasado.
“Cuando este ayuntamiento aprobó inicialmente los sistemas de reconocimiento automático de placas hace tres años, estábamos bajo la administración de Biden. Un año después, Donald Trump fue elegido presidente. Los dos años transcurridos desde entonces han sido un infierno para demasiadas familias de nuestra ciudad.”
Pero esta votación no supone el fin inmediato de Flock en San Diego.
El contrato de la ciudad con Flock Safety y Ubicquia sigue vigente. Sin embargo, ahora que el concejo ha rechazado las políticas de uso de la ciudad tanto para el sistema de reconocimiento automático de placas (ALPR) como para el alumbrado público inteligente, puede considerar rescindir el contrato por completo.
La moción de Foster para votar por separado sobre el alumbrado público inteligente se presentó después de que Lyndsay Winkley, gerente de enlace comunitario del Departamento de Policía de San Diego (SDPD), informara al concejo que, si ambas tecnologías dejaban de ser aprobadas, la ciudad podría rescindir el contrato. La ciudad también podría renegociar el contrato en lugar de cancelarlo.
A pesar del apoyo del alcalde Todd Gloria a los sistemas ALPR, antes de la votación anunció que respetaría la voluntad del concejo y no ejercería su derecho de veto. El asesor de Gloria en asuntos del consejo, Kohta Zaiser, informó al consejo que la ciudad desactivará el sistema y ordenará al Departamento de Policía de San Diego que inicie el proceso con Ubicquia y Flock para retirar las cámaras. Añadió que para finales de esta semana la alcaldía debería poder presentar al consejo un plan para iniciar el desmantelamiento de más de 500 cámaras en toda la ciudad.
Sin embargo, si la ciudad va a cancelar el contrato, los funcionarios deben hacerlo cuanto antes para evitar pagar una multa de 2 millones de dólares que vence en diciembre por los servicios prestados el próximo año.






