La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votaron el martes 3-1 para ampliar un programa de defensa legal para migrantes, reclutando a más abogados y ofreciendo más capacitación.
Patrocinada por la Supervisora Paloma Aguirre y la Presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, la ampliación contempla la colaboración con colegios de abogados, facultades de derecho locales y grupos legales de inmigración para reclutar abogados más cualificados mediante ferias de empleo, eventos de networking y actividades de divulgación.
El condado también invertirá en formación jurídica continua, programas de mentoría y capacitación permanente para que los abogados puedan fortalecer sus habilidades, especialmente en casos de detención, defensa contra la deportación y procedimientos de custodia, según informaron las autoridades.
Los abogados deben estar preparados para afrontar los cada vez más complejos procedimientos federales de inmigración, según la oficina de Lawson-Remer. “La propuesta no establece explícitamente la capacitación en hábeas corpus, pero su marco de capacitación propuesto puede respaldarla”.
Las autoridades indicaron que la ampliación no requerirá financiación adicional de inmediato, pero si fuera necesario, el personal presentará una solicitud formal a la junta.
El Supervisor Jim Desmond, crítico del programa desde hace mucho tiempo, votó en contra. El Supervisor Joel Anderson estuvo ausente de la reunión del martes.
Lawson-Remer, quien propuso originalmente el programa de defensa de inmigrantes en 2021, dijo el martes que ha habido un aumento del 130% en las llamadas de nuevos clientes y que los tiempos de detención se han duplicado, pasando de 86 a 167 días.
El programa de 5 millones de dólares comenzó oficialmente en abril de 2022 y se estableció en la Oficina del Defensor Público del condado. El programa ahora también cubre a menores no acompañados, según el condado.
Si bien hay 66 abogados ayudando a los migrantes, eso no es suficiente para satisfacer la demanda, dijo Lawson-Remer, quien agregó que la financiación actual tampoco basta. Aguirre dijo que el condado debe garantizar que el programa tenga la capacidad de cumplir su promesa y señaló que ha atendido 3,500 casos desde su inicio.
“En un momento en que las familias de todo nuestro condado viven con miedo y una incertidumbre extraordinarias, su trabajo nunca ha sido más importante para defender el principio fundamental de que el debido proceso es un derecho constitucional, no un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo o cuyos casos se consideran dignos de representación”, dijo.
Citando el caso de un niño de 8 años que regresó con su familia tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en el barrio de City Heights a principios de este mes, Aguirre dijo que el condado debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que ningún otro niño tenga que enfrentar procedimientos legales solo.
Durante el turno de comentarios del público, varios defensores abogaron por proteger a los inmigrantes indocumentados.
Monica Langarica, del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, describió el Programa de Defensa Legal para Inmigrantes del condado como un salvavidas para los migrantes, que les brinda una oportunidad justa para defenderse. Dijo que, bajo la administración Trump, “cualquiera puede quedar bajo su mira, y una vez que está ahí, la crueldad a la que está sujeto es ilimitada”.
Pero la residente del condado, Mary Davis, criticó el programa por privar a las comunidades no incorporadas de la financiación necesaria.
Davis sugirió que el condado debería ofrecer reparaciones a las familias perjudicadas por inmigrantes indocumentados, y también dijo que se necesita un informe de transparencia sobre los abogados del ILDP que reciben capacitación.
Desmond también dijo que el condado debería destinar el dinero a necesidades más urgentes, como la infraestructura.
“Si usted es un delincuente convicto, no debería recibir esta representación”, dijo Desmond, quien agregó que la mayoría de las personas en ambos extremos del espectro político apoyan la deportación de los inmigrantes en esa categoría.






