Una creciente controversia rodea la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, luego de que organizaciones de derechos humanos denunciaran que Estados Unidos está deportando inmigrantes a países que el propio gobierno estadounidense considera peligrosos para sus ciudadanos.
Según abogados y grupos defensores de migrantes, las llamadas deportaciones a terceros países permiten que personas sean enviadas a naciones donde no tienen vínculos familiares, culturales ni legales, y donde en algunos casos enfrentan riesgos de violencia, detención arbitraria o persecución.
La abogada Alma David, una de las principales representantes legales que impugnan esta práctica, afirmó que algunos de sus clientes deportados a la República Centroafricana han sido secuestrados por policías locales con fines de extorsión.
“Son llevados a estaciones de policía y encerrados en celdas. En algunos casos les dicen que, si no pagan dinero, permanecerán detenidos durante meses”, explicó David.
De acuerdo con datos recopilados por Human Rights First y Refugees International, el gobierno de Estados Unidos mantiene acuerdos con 36 países para recibir personas que no son ciudadanos ni residentes de esas naciones.
Cinco de esos países cuentan con la máxima advertencia de viaje emitida por el Departamento de Estado estadounidense: Nivel 4: No Viajar. Entre ellos figuran la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia, Sudán del Sur y Uganda.
Además, otros cinco países incluidos en estos acuerdos están catalogados bajo la advertencia Nivel 3: Reconsiderar el viaje, mientras que varias regiones de algunos de ellos también presentan alertas de Nivel 4.
Esto significa que más de una cuarta parte de los países receptores de inmigrantes expulsados desde Estados Unidos son lugares que el propio gobierno aconseja evitar a los ciudadanos estadounidenses.
Preocupación por solicitantes de asilo
Las organizaciones humanitarias sostienen que estas deportaciones afectan particularmente a personas vulnerables, incluidos solicitantes de asilo y migrantes que ya habían obtenido protección contra la deportación a sus países de origen debido a riesgos comprobados de persecución.
“Es extremadamente preocupante que Estados Unidos firme acuerdos con países que su propio Departamento de Estado considera inseguros y luego envíe allí a personas que huyeron de la persecución y la tortura”, señaló Savi Arvey, directora de políticas para derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First.
Los acuerdos firmados por Washington establecen que los países receptores deben respetar las normas internacionales y no someter a los deportados a persecución ni tortura. Sin embargo, defensores de derechos humanos cuestionan la efectividad de esas garantías.
“Una vez que alguien es deportado, el gobierno estadounidense considera que ya no tiene responsabilidad sobre esa persona”, explicó Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International.
Riesgo de devolución a países peligrosos
Los críticos también denuncian posibles violaciones al principio de no devolución (non-refoulement), una norma fundamental del derecho internacional que prohíbe retornar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura o amenazas graves.
David indicó que países como Guinea Ecuatorial, Ghana y Sierra Leona han enviado rápidamente a algunos deportados de regreso a sus países de origen, incluso cuando habían expresado temor fundado por su seguridad.
En algunos casos, agregó, las personas habían logrado demostrar ante jueces migratorios estadounidenses que corrían riesgo de sufrir daños graves si regresaban a sus naciones de origen.
“En todos estos terceros países se les deja muy claro que no son bienvenidos para quedarse permanentemente”, afirmó la abogada.
Casos documentados en África
La situación en la República Centroafricana ha generado especial preocupación. Según organizaciones defensoras de migrantes, Estados Unidos ha enviado allí a 92 personas.
Algunos nicaragüenses deportados a ese país declararon posteriormente que tenían miedo de salir de sus habitaciones debido a los riesgos de secuestro y violencia.
Schacher advirtió además que los musulmanes enfrentan mayores amenazas de seguridad en esa nación. Entre los deportados figura incluso un ciudadano afgano cuya familia colaboró con el ejército estadounidense.
En Camerún, varios deportados permanecieron durante semanas dentro de un complejo gubernamental porque las autoridades locales consideraban que no podían garantizar su seguridad fuera de esas instalaciones.
Según David, los inmigrantes enviados allí tampoco recibieron inicialmente documentos de identificación, incluidos pasaportes, lo que limitó aún más su libertad de movimiento.
La situación se volvió tan tensa que algunos iniciaron una huelga de hambre para exigir mejores condiciones.
México también figura en los acuerdos
México es uno de los países incluidos dentro de los acuerdos de recepción de migrantes. Aunque la mayor parte del país tiene niveles de advertencia inferiores, algunas zonas fronterizas, como Tamaulipas, se encuentran bajo la clasificación de “No Viajar” del Departamento de Estado.
Según el reporte, las autoridades estadounidenses entregan a ciertos migrantes no mexicanos al Instituto Nacional de Migración, que posteriormente los traslada hacia ciudades del sur como Villahermosa y Tapachula.
Defensores de derechos humanos afirman que estas personas enfrentan riesgos durante el trayecto y una alta probabilidad de ser finalmente enviadas de regreso a sus países de origen.
Alarmas en Guinea Ecuatorial
Uno de los casos más preocupantes, según los abogados, ocurre en Guinea Ecuatorial.
Aunque el país no tiene una de las advertencias de viaje más severas, informes recientes describen agresiones físicas, detenciones arbitrarias en hoteles convertidos en centros de reclusión y falta de acceso adecuado a atención médica para los deportados provenientes de Estados Unidos.
“Creo que Guinea Ecuatorial es una bomba de tiempo y que algo muy malo podría ocurrir pronto allí”, advirtió David.
Las preocupaciones también alcanzan a migrantes LGBTQ+, especialmente aquellos enviados a Camerún, donde las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales y pueden castigarse con penas de prisión.
Un debate que continúa
Las organizaciones defensoras de inmigrantes argumentan que las deportaciones a terceros países amplían los riesgos para personas que ya han escapado de conflictos, persecución política, violencia o discriminación.
Mientras la administración Trump sostiene que los acuerdos cumplen con los estándares internacionales y ayudan a ejecutar las leyes migratorias, abogados y activistas continúan presentando demandas para frenar una práctica que, afirman, expone a miles de personas a nuevas amenazas lejos de sus hogares y de cualquier red de apoyo.
