La geografía de la migración irregular que atraviesa el territorio mexicano hacia la frontera norte ha sufrido una metamorfosis radical en sus dinámicas operativas, financieras y de control territorial. Lo que durante décadas funcionó bajo la lógica de redes familiares de facilitadores locales o pequeñas bandas independientes, se ha transformado hoy en una industria trasnacional de escala multimillonaria dominada por la delincuencia organizada.
El tráfico ilícito de personas ha dejado de ser una actividad periférica o complementaria para las organizaciones criminales, consolidándose como uno de los pilares económicos más rentables y estables dentro de sus portafolios de finanzas ilícitas, compitiendo directamente en dividendos con el trasiego de sustancias tácticas y el tráfico de armas.
En el centro de esta reestructuración delictiva se ubica el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que ha desplegado una estrategia deliberada de expansión e integración vertical sobre las rutas de movilidad humana a lo largo de la República Mexicana.
Mediante la incursión masiva de sus células operativas, el grupo criminal ha arrebatado paulatinamente el control del flujo migratorio a facciones históricamente arraigadas en distintas regiones del país, alterando el equilibrio geopolítico del crimen organizado. Esta disputa ha reconfigurado los mapas de violencia e influencia en entidades clave, obligando a reescribir los diagnósticos sobre seguridad pública y movimientos poblacionales transfronterizos.
El CJNG, con el monopolio
Informes y diagnósticos elaborados por las áreas de análisis táctico e inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia identifican que el monopolio progresivo ejercido por el Cártel Jalisco Nueva Generación en este rubro le genera ganancias estimadas en más de 300 millones de pesos mensuales. Esta cifra refleja no solo el volumen masivo de personas que cruzan diariamente el territorio nacional, sino la capacidad del cártel para imponer cuotas, cobros de piso, peajes obligatorios y servicios de logística forzada en cada tramo del camino.
La gestión del tráfico de personas por parte de este grupo criminal opera con un nivel de sofisticación logística comparable al de cualquier corporación mercantil legítima, combinando el dominio territorial sobre carreteras, vías férreas y franjas costeras con redes de corrupción en puntos neurálgicos de inspección.
La toma de control por parte de las células alineadas al cártel del de las cuatro letras no ha sido un proceso pacífico. En la región del sur y el sureste mexicano, particularmente en el estado de Chiapas y el sur de Veracruz, el grupo delictivo libró encarnizadas batallas armadas para desplazar a las estructuras residuales e independientes que anteriormente respondían a la influencia bélica del Cártel de Los Zetas.
La franja fronteriza con Guatemala y los corredores que comunican el Istmo de Tehuantepec representaban históricamente bastiones de dominación zeta, marcados por la violencia extrema, la extorsión sistemática y la instauración de rutas de secuestro masivo. La irrupción de las brigadas operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación neutralizó o absorbió a estos grupos locales, imponiendo un mando unificado que prioriza el cobro sistemático por derecho de tránsito desde el momento mismo en que las personas pisan suelo mexicano.
De manera simétrica, en la franja central del país que abarca el estado de Puebla y las zonas colindantes del Estado de México, el avance de estas células delictivas provocó el repliegue estratégico de las facciones ligadas al Cártel del Golfo. Dichas facciones habían mantenido durante años el dominio sobre el flujo que conectaba el oriente del país con el altiplano central. La estrategia del cártel jalisciense consistió en descabezar a los liderazgos locales de tramos carreteros y tomar la supervisión de las casas de seguridad ubicadas en municipios periféricos, garantizando el libre paso de sus contingentes a cambio del pago de cuotas fijadas en dólares.
Por otro lado, en el corazón del occidente mexicano, comprendido por los estados de Guanajuato, Colima y Michoacán, la pugna por las vías de transporte humano significó una confrontación directa contra los reductos del Cártel de La Familia Michoacana y sus diversas ramificaciones locales.
El control de estos estados resultaba crítico para la organización, no solo por la conectividad vial hacia el norte, sino por el acceso directo a la infraestructura portuaria del Pacífico. Tras violentas disputas en las zonas agrícolas y los nodos urbanos de estas entidades, las células del Cártel Jalisco Nueva Generación consolidaron una hegemonía casi total, garantizando la continuidad de sus corredores logísticos sin la interferencia de competidores regionales.
La ruta del tránsito de migrantes
La arquitectura de este sistema criminal descansa sobre una arteria logística perfectamente definida que recorre el país desde la frontera sur hasta los puertos marítimos del occidente, articulando lo que los analistas denominan la gran ruta del Pacífico. El trazado de esta vía ilícita inicia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, convertida en el principal embudo socioeconómico y migratorio de la frontera meridional. En este punto de partida, miles de personas procedentes de diversos continentes son interceptadas por operadores delictivos que ofrecen o fuerzan la contratación de servicios de traslado, bajo la amenaza constante de ser entregados a grupos de secuestro o retenidos en condiciones de hacinamiento.
Desde Tapachula, los contingentes de migrantes son guiados a través de las carreteras chiapanecas descendiendo y cruzando hacia la zona estratégica de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Este corredor geográfico, caracterizado por su compleja topografía y la convergencia de vías de comunicación, sirve como zona de acopio y redistribución. De Juchitán, la corriente migratoria se dirige hacia el norte, internándose en el estado de Veracruz para alcanzar el nodo industrial y logístico de Coatzacoalcos, una ciudad que históricamente ha funcionado como punto de trasbordo para la movilidad humana y el transporte de carga.
El recorrido continuado por el territorio veracruzano asciende paulatinamente hacia la zona montañosa, alcanzando la ciudad de Orizaba. Esta localidad representa una estación clave para reabastecer los convoyes clandestinos o reorganizar a los grupos que viajan a bordo de vehículos de carga modificados. Desde Orizaba, la ruta cruza los límites territoriales hacia el estado de Puebla, donde el tráfico es encauzado a través de rutas secundarias para librar los operativos de contención gubernamental, dirigiéndose directamente hacia el corredor conurbado que rodea a la Ciudad de México.
La capital del país y su zona metropolitana no funcionan únicamente como punto de paso, sino como un eje concentrador donde se coordinan los pagos de fianzas, la actualización de falsificaciones documentales y el descanso temporal en viviendas clandestinas situadas en la periferia urbana.
Una vez dejado atrás el altiplano central, la arteria logística se enfila hacia la ciudad de Querétaro, para de ahí derivar hacia la capital michoacana, Morelia. En este tramo del camino, la ruta se bifurca en dos vertientes altamente especializadas. La primera vertiente desciende hacia el sur del estado de Michoacán hasta alcanzar el complejo portuario de Lázaro Cárdenas, una de las instalaciones marítimas más importantes del país. La segunda vertiente se proyecta hacia la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, conectando de forma directa hacia el estado de Colima hasta llegar a la ciudad y puerto de Manzanillo.
El uso de las navieras
Es precisamente en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas donde la ruta del Pacífico registra su innovación operativa más drástica e inquietante para los organismos internacionales de seguridad. A diferencia de las rutas tradicionales de internación terrestre que atraviesan los desiertos de Sonora o Tamaulipas para cruzar a pie o en vehículos la frontera norte, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desarrollado una modalidad de tráfico marítimo a gran escala utilizando buques cargueros de contenedores.
Aprovechando el inmenso volumen de comercio internacional que transita por estos recintos portuarios, las células delictivas contaminan las cadenas de suministro mediante la infiltración de migrantes en contenedores acondicionados de forma precaria.
Estos grandes recipientes metálicos de carga son equipados clandestinamente con sistemas rudimentarios de ventilación, provisiones limitadas de agua y alimentos de alto valor calórico, permitiendo que grupos de personas permanezcan ocultos durante la travesía marítima.
Los cargueros zarpados desde Manzanillo y Lázaro Cárdenas navegan por las aguas del Océano Pacífico con rumbo directo al puerto de Long Beach, en el estado de California, uno de los nodos comerciales marítimos más transitados del mundo. Esta modalidad permite al grupo criminal eludir por completo los múltiples filtros de revisión militar, policial y migratoria establecidos a lo largo de las carreteras del norte de México y la propia línea fronteriza terrestre con Estados Unidos.
El costo económico que deben asumir las personas para acceder a este complejo engranaje de transportación marítima y terrestre es extraordinariamente elevado. Los cobros fijados por la red criminal oscilan entre los diez mil y los quince mil dólares por cada migrante que realiza el trayecto completo partiendo desde la ciudad de Tapachula hasta su desembarco o entrega final en las costas de California. Este rango tarifario varía en función de la nacionalidad del solicitante, la rapidez prometida para el traslado y el nivel de riesgo asociado a la modalidad utilizada, siendo la vía de los contenedores marítimos una de las más costosas debido a la logística que requiere en los puertos de origen y destino.
La estructura tarifaria impuesta por el cártel no representa un pago único e integral, sino que se fragmenta en diversos cobros parciales a lo largo del trayecto. El dinero suele ser transferido mediante giros internacionales, pagos en criptomonedas o entregas de efectivo por parte de familiares radicados en territorio estadounidense.
Esta exigencia financiera convierte a las familias de los migrantes en rehenes económicos del grupo delictivo, ya que cualquier retraso o incumplimiento en los pagos parciales desencadena agresiones físicas, retenciones forzadas en casas de seguridad o la cancelación inmediata del traslado con el consecuente abandono de las personas en zonas de alto riesgo.
Migrantes de la pobreza
El perfil demográfico de la población que recurre a los servicios ilícitos coordinados por el Cártel Jalisco Nueva Generación refleja las severas crisis socioeconómicas, políticas y de seguridad que atraviesan diversas naciones del continente americano. Las estadísticas de flujo e inteligencia revelan que las principales nacionalidades que alimentan esta cadena de tráfico son la cubana, la venezolana, la hondureña, la salvadoreña, la guatemalteca y la haitiana.
Cada uno de estos grupos poblacionales aporta dinámicas distintas a la logística de la red criminal, la cual ha adaptado sus servicios para gestionar desde la barrera del idioma en el caso de la población haitiana, hasta las necesidades específicas de procesamiento de documentos falsos para ciudadanos de origen caribeño y sudamericano.
Para los ciudadanos de origen cubano y venezolano, la ruta del Pacífico representa una alternativa codiciada frente a las crecientes restricciones de visado y las barreras geográficas del Caribe o la selva del Darién. Estas poblaciones suelen contar con redes de apoyo financiero más consolidadas en Estados Unidos, lo que les permite costear las tarifas más altas del espectro, tales como la travesía marítima directa en cargueros hacia Long Beach.
Por su parte, la población procedente de Honduras, El Salvador y Guatemala, de extracción predominantemente rural o de zonas urbanas marginadas, constituye la base más numerosa del flujo terrestre que alimenta las finanzas diarias del cártel mediante el pago de cuotas de peaje en cada estado transitado.
La comunidad haitiana, por otro lado, enfrenta una vulnerabilidad extrema marcada por el racismo sistémico, las barreras lingüísticas y la falta de documentación legal. Estas condiciones son aprovechadas por las células operativas del cártel para imponerles cobros exorbitantes por traslados en condiciones de hacinamiento crítico, o para utilizarlos como mano de obra forzada en labores de mantenimiento de la propia infraestructura logística clandestina a lo largo del recorrido.
La desesperación por salir de contextos de violencia estructural en sus países de origen impulsa a miles de familias a endeudarse de por vida o empeñar sus escasos patrimonios con tal de reunir la cifra requerida por la organización criminal.
El funcionamiento de este imperio del tráfico de personas no puede explicarse únicamente a través del poder de fuego o la presencia territorial de las células delictivas; requiere necesariamente de la complicidad activa o pasiva de autoridades en los tres niveles de gobierno. A lo largo de la ruta del Pacífico, la red del Cártel Jalisco Nueva Generación ha establecido esquemas de cooptación sistemática que abarcan a personal de inspección en garitas viales, elementos de corporaciones policiales municipales y estatales, así como a operadores y trabajadores de las administraciones portuarias nacionales.
Puertos horadados y corruptos
En los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, la infiltración de las cadenas operativas implica la colusión con personal encargado de la carga, acomodo y verificación de contenedores en los patios de maniobras. Sin la alteración deliberada de los sellos de seguridad y la falsificación de los manifiestos de embarque, resultaría imposible introducir a decenas de personas dentro de las estructuras metálicas y subirlas a los buques de bandera internacional.
Del mismo modo, en el plano de la recepción en Estados Unidos, la organización delictiva confía en enlaces locales que facilitan la extracción rápida de los contingentes desembarcados en el puerto de Long Beach antes de que los contenedores ingresen a las zonas de revisión aduanera automatizada.
El impacto social e institucional de esta transformación del tráfico de personas es devastador. Las comunidades asentadas a lo largo de la ruta del Pacífico, desde las zonas rurales de Chiapas y Oaxaca hasta las periferias urbanas de Puebla, Querétaro y Michoacán, se ven inmersas en un entorno de violencia constante derivado de las purgas internas entre células delictivas y las operaciones de control de la población migrante.
Las casas de seguridad utilizadas para el almacenamiento temporal de personas se convierten en focos de insalubridad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde las agresiones sexuales, la tortura psicológica y la privación ilegal de la libertad son prácticas cotidianas utilizadas como mecanismo de presión financiera.
Asimismo, la enorme masa monetaria generada por esta actividad, calculada por las autoridades de inteligencia en más de trescientos millones de pesos mensuales, inyecta una liquidez inédita a las arcas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este flujo constante de dinero en efectivo permite al grupo financiero sostener la compra de armamento de alto poder, el reclutamiento forzado o voluntario de nuevos combatientes para sus brazos armados, la corrupción masiva de funcionarios públicos y la diversificación de sus inversiones en actividades de lavado de dinero dentro del sector formal de la economía mexicana, incluyendo la compra de bienes inmuebles, empresas de transporte y negocios de servicios a lo largo del corredor del Pacífico.
El escenario actual del tráfico de personas desde México hacia Estados Unidos muestra un fenómeno totalmente integrado a las estructuras del crimen organizado transnacional. La ruta del Pacífico, coordinada bajo la hegemonía del Cártel Jalisco Nueva Generación tras el desplazamiento violento de los grupos que dominaban históricamente los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Colima y Michoacán, representa uno de los desafíos más complejos y urgentes para la seguridad regional.
La combinación de logística terrestre y marítima, sumada al cobro de cuotas que alcanzan los quince mil dólares por persona y la explotación sistemática de la crisis humanitaria continental, consolida a este delito como un motor económico fundamental del narcotráfico moderno que continúa reconfigurando la realidad social del país.
