Una Corte Suprema dividida ratificó este martes una interpretación amplia de la ciudadanía por nacimiento, al rechazar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que establecía que los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
Los magistrados se basaron en una interpretación consolidada desde hace tiempo de la 14ª Enmienda, adoptada después de la Guerra Civil, así como en leyes federales más recientes, para determinar que cualquier persona nacida en el país, con excepciones muy limitadas, es ciudadana estadounidense.
“La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra'”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, citando debates del Congreso sobre la enmienda. “Hoy mantenemos esa promesa”.
Tres jueces conservadores habrían permitido que las restricciones entraran en vigor.
“La Corte da hoy el paso extraordinario de declarar inconstitucional en su totalidad la orden del Presidente que excluye de la ciudadanía a los hijos de visitantes temporales extranjeros y de inmigrantes indocumentados”, escribió el juez Clarence Thomas en una opinión disidente de 91 páginas, más de tres veces más extensa que la opinión de Roberts.
“Al hacerlo, la Corte se suma a la triste historia de la Decimocuarta Enmienda, que fue diseñada y entendida para garantizar derechos iguales a las personas negras liberadas, pero que en cambio ha sido reutilizada para proyectos políticos que el Congreso de la Reconstrucción nunca respaldó”.
Las restricciones impulsadas por el presidente republicano habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y nunca llegaron a entrar en vigor en ninguna parte de Estados Unidos.
Durante los argumentos orales celebrados en abril, jueces tanto conservadores como liberales cuestionaron la legalidad de la orden en un caso de enorme trascendencia que cobró aún más relevancia debido a la presencia sin precedentes de Trump en la sala del tribunal.
El caso representó una nueva prueba de las afirmaciones de poder ejecutivo de Trump que desafían precedentes de larga data. La disputa llegó ante una Corte con mayoría conservadora y una visión amplia de la autoridad presidencial que, en gran medida, ha fallado a favor del mandatario. En las ocasiones destacadas en las que no lo ha hecho, Trump ha respondido con críticas personales hacia los jueces.
La Corte resolvió la apelación presentada por Trump contra una decisión de un tribunal federal de New Hampshire que había invalidado las restricciones a la ciudadanía.
La orden sobre ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva migratoria de su administración.
La ciudadanía por nacimiento fue la primera política migratoria de Trump en llegar a la Corte Suprema para una resolución definitiva. Anteriormente, los magistrados habían invalidado los aranceles globales que Trump impuso utilizando una ley de poderes de emergencia que nunca se había aplicado de esa manera.
Trump reaccionó con furia a la decisión sobre los aranceles a finales de febrero, afirmando que se avergonzaba de los jueces que fallaron en su contra y calificándolos de antipatrióticos.
También pareció reconocer que la Corte probablemente fallaría en su contra en el caso de la ciudadanía por nacimiento. En su plataforma Truth Social, criticó a “jueces y magistrados tontos” y a mujeres embarazadas adineradas de China y otros países que viajan a Estados Unidos para dar a luz con el fin de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
La orden ejecutiva de Trump habría alterado una interpretación ampliamente aceptada de la 14ª Enmienda, según la cual todas las personas nacidas en Estados Unidos adquieren la ciudadanía, salvo los hijos de diplomáticos extranjeros y quienes nazcan de una fuerza militar extranjera de ocupación.
La enmienda fue concebida para garantizar la ciudadanía a las personas afroamericanas, incluidos los antiguos esclavos, aunque la Cláusula de Ciudadanía está redactada de manera más amplia. Su texto establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residan”.
En una serie de fallos, tribunales inferiores declararon ilegal la orden ejecutiva de Trump. Las decisiones citaron el precedente de la Corte Suprema de 1898 en el caso Wong Kim Ark, que determinó que el hijo nacido en Estados Unidos de ciudadanos chinos era ciudadano estadounidense.
La administración Trump argumentó que la interpretación tradicional de la ciudadanía es incorrecta, al sostener que los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Más de 250,000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos se habrían visto afectados por la orden ejecutiva, según investigaciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Aunque Trump ha centrado gran parte de su discurso y acciones en la inmigración irregular, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también habrían afectado a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la residencia permanente, conocida como “green card”.
Un poco de contexto
El principio jus soli tiene raíces en el derecho romano, pero se consolidó en la Edad Moderna y especialmente en América tras las independencias del siglo XIX. Este principio establece que cualquier persona nacida en el territorio de un país adquiere automáticamente su ciudadanía, sin importar la nacionalidad de sus padres. Fue adoptado ampliamente en países del continente americano, como Estados Unidos, Canadá, México y gran parte de América Latina, en parte para fomentar la integración de inmigrantes y poblar territorios.
Por otro lado, el jus sanguinis proviene de tradiciones europeas y del derecho germánico, donde la pertenencia a una comunidad se transmitía por linaje. Según este principio, la ciudadanía se hereda de los padres, sin importar el lugar de nacimiento. Es común en países europeos y asiáticos, como Italia, Alemania o Japón, donde la identidad nacional se ha vinculado históricamente a la ascendencia y la cultura.
En la actualidad, muchos Estados combinan ambos sistemas. Por ejemplo, un país puede otorgar ciudadanía por nacimiento en su territorio, pero también reconocerla a hijos de nacionales nacidos en el extranjero. Además, existen variantes como la ciudadanía por doble derecho (cuando se cumplen simultáneamente jus soli y jus sanguinis) o la ciudadanía condicionada (cuando el jus soli aplica solo si los padres cumplen ciertos requisitos legales).
Esta dualidad refleja cómo la ciudadanía no es solo un estatus legal, sino también una construcción histórica que responde a necesidades políticas, sociales y culturales de cada nación.
