Más de cuatro de cada 10 personas identificadas por la administración del presidente Donald Trump como posibles votantes no ciudadanos en California ni siquiera aparecen registradas en el padrón electoral estatal, según un análisis presentado el sábado por una organización defensora de los derechos de los inmigrantes.
Se trata de la primera revisión independiente de la lista que el Departamento de Justicia ha utilizado para presionar a funcionarios electorales y advertirles sobre posibles consecuencias legales si permiten que voten personas sin ciudadanía estadounidense. El análisis también concluyó que miles de ciudadanos estadounidenses parecen haber sido incluidos erróneamente entre los supuestos votantes inelegibles.
La conclusión forma parte de un documento presentado por dos analistas de datos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), quienes examinaron los 20,930 nombres que el Departamento de Justicia exigió que las autoridades electorales de California trataran como posibles votantes ilegales, separando sus boletas durante el proceso de conteo.
Varios jueces ya han rechazado esa solicitud, calificándola como inconstitucional y una amenaza para el proceso democrático. Funcionarios estatales y locales también han señalado que la lista parece contener numerosos errores.
El análisis expone amplias deficiencias en la lista federal
Los problemas quedaron detallados en una presentación judicial realizada el sábado por miembros del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA, quienes junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) impugnaron la medida ante los tribunales.
Según la investigación, 8,880 de los nombres incluidos en la lista, equivalentes al 42% del total, no corresponden a ninguna persona registrada actualmente para votar en California.
Además, los investigadores identificaron al menos 22 ciudadanos estadounidenses incluidos en la lista y señalaron que muchos otros registros podrían corresponder también a ciudadanos con derecho legítimo al voto.
“El análisis de los expertos deja aún más claro que esta lista de votantes impuesta pone en riesgo a un número significativo de votantes elegibles de California”, señala la presentación judicial, respaldada también por Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California y asesor del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA.
La administración Trump se había opuesto a divulgar la lista, argumentando que se trataba de una “expedición de pesca” legal y que contenía información sensible.
Mientras tanto, el sábado el presidente Donald Trump criticó en redes sociales las resoluciones judiciales que han bloqueado los esfuerzos de su gobierno para obligar a California a separar las boletas emitidas por personas identificadas por su administración como presuntos no ciudadanos.
En una publicación, Trump aseguró que el Departamento de Justicia encontró “20 mil, pero potencialmente cientos de miles, e incluso millones” de votos fraudulentos.
“Y el tribunal acaba de fallar en contra. ¿Por qué rechazarían corregir el fraude electoral?”, escribió.
La disputa se extiende a otros estados
La administración Trump también ha instado al estado de Washington a eliminar de sus registros a unas 400 personas que identifica como posibles no ciudadanos.
Sin embargo, las autoridades electorales de ese estado sostienen que la lista también es poco confiable y contiene errores evidentes, incluida la identificación de un votante que ha participado en elecciones desde la década de 1990.
El Departamento de Justicia también ha advertido a funcionarios electorales de California que podrían enfrentar responsabilidad penal si permiten votar a personas sin ciudadanía estadounidense, además de emitir citatorios contra oficinas electorales locales.
Funcionarios electorales denuncian falta de tiempo para verificar los datos
Las autoridades electorales han respondido que la administración federal les ha presentado estas listas apenas unos días antes de la elección, sin tiempo suficiente para realizar las investigaciones requeridas por la ley antes de retirar a alguien del padrón electoral.
Como resultado, se han presentado múltiples demandas para impedir que el gobierno federal continúe emitiendo advertencias o presiones contra funcionarios locales.
El viernes, un juez federal ordenó al Departamento de Justicia suspender temporalmente el envío de exigencias a las autoridades electorales de California. La administración Trump apeló esa decisión al día siguiente.
Varios condados que revisaron rápidamente la lista proporcionada por el gobierno federal reportaron la existencia de múltiples errores e inconsistencias.
El análisis más amplio presentado el sábado fue posible después de que un juez federal ordenara al Departamento de Justicia compartir la lista con los demandantes.
Ciudadanos naturalizados podrían verse afectados
CHIRLA y el Proyecto de Derechos Electorales de UCLA demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a principios de octubre para impedir el uso de datos migratorios federales como herramienta para cuestionar registros electorales estatales.
La demanda cita ejemplos registrados en otros estados donde bases de datos federales incluyeron erróneamente a miles de ciudadanos estadounidenses.
Los demandantes sostienen que la metodología utilizada por el gobierno puede provocar que ciudadanos elegibles pierdan su derecho al voto o se abstengan de participar por temor a ser investigados.
Además, argumentan que los ciudadanos naturalizados podrían verse afectados de manera desproporcionada.
Aplicando la misma metodología utilizada por el gobierno federal, los investigadores de UCLA concluyeron que cerca de 7,500 ciudadanos naturalizados de California tienen una alta probabilidad de haber sido clasificados erróneamente como personas inelegibles para votar.
Los expertos también señalaron que la administración aparentemente eliminó de la lista los números de identificación de los votantes, dificultando que las autoridades electorales determinen si una persona ya figura en el padrón estatal o si existen registros duplicados.
Según los investigadores, ese número de identificación es el dato más importante para confirmar la identidad de un elector.
El Departamento de Justicia defiende su postura
El Departamento de Justicia sostiene que existe un riesgo igualmente grave si los votos de las personas señaladas por el gobierno no son separados para revisión.
“Cada boleta emitida por un votante inelegible cancela el voto de un ciudadano estadounidense”, escribió en un correo electrónico Kiersten V. Pels, portavoz de la dependencia.
“El Departamento no se disculpa por proteger esos votos”, agregó.
