El Registro Electoral del Condado de San Diego informó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que no cumplirá con una exigencia federal acompañada de amenazas legales para entregar información confidencial de votantes, incluidos números de Seguro Social, ni suspender el conteo de las boletas emitidas por 1,709 electores del condado hasta que pueda verificarse su ciudadanía.
En una contundente carta enviada el martes, el condado afirmó que está “legalmente impedido” de cumplir con esas solicitudes. Además, advirtió que podría emprender acciones legales contra el gobierno federal.
“El condado se reserva el derecho de buscar todos los recursos legales contra el Departamento de Justicia por su intimidación ilegal a funcionarios electorales y votantes de California”, señala el documento.
La carta fue enviada por el asesor legal del condado, Damon Brown, al fiscal federal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon. En ella, Brown sostuvo que “la solicitud del Departamento de Justicia constituye una depuración de votantes apenas disimulada y una exigencia de información confidencial sin un propósito legítimo”.
El gobierno federal fijó un plazo de 48 horas
La oficina del Registro Electoral recibió el viernes una carta firmada por Gordon que otorgaba un plazo de 48 horas para responder y advertía que “las consecuencias legales de facilitar o ignorar delitos federales son significativas”.
Los 58 condados de California recibieron comunicaciones similares.
El Registro Electoral del Condado Imperial también rechazó una solicitud federal para retener las boletas electorales y entregar información confidencial de 161 votantes de esa jurisdicción.
Los plazos impuestos por el Departamento de Justicia expiraron el domingo. Las respuestas de ambos condados, obtenidas por inewsource, fueron enviadas el martes por la tarde.
Según el condado de San Diego, la petición federal equivale a una invitación para violar tanto leyes estatales como federales “basándose únicamente en sospechas no comprobadas sobre la ciudadanía de una persona”.
Las autoridades electorales agregaron que acceder a la solicitud representaría “una violación de la confianza de los votantes del más alto nivel”.
Cuestionan la validez de la lista federal
La respuesta del condado también pone en duda la confiabilidad de la base de datos utilizada por el gobierno federal.
Funcionarios locales realizaron una revisión aleatoria del 10% de los nombres incluidos en la lista de 1,709 votantes señalados por el Departamento de Justicia y concluyeron que existen “razones significativas para dudar de su fiabilidad”.
De acuerdo con la carta, el 59% de los aproximadamente 170 nombres revisados correspondía a personas que ya habían cancelado su registro electoral, mientras que el 74% no tenía antecedente alguno de haber votado en San Diego.
Estas conclusiones se suman a las críticas crecientes contra una lista estatal que incluye alrededor de 20,000 electores de California.
Funcionarios electorales del condado de Los Ángeles también detectaron irregularidades al analizar una muestra de 200 nombres. Según sus hallazgos, el 71% nunca había votado y más de la mitad tenía registros electorales inactivos o cancelados. Además, el 38% había nacido en Estados Unidos, lo que indicaría que son ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, el Condado Imperial respondió al Departamento de Justicia que “nada en su correspondencia ni en la lista proporcionada ofrece evidencia suficiente para establecer que alguno de los votantes registrados incluidos en ella no sea ciudadano”.
Juez federal ya suspendió una investigación similar
La disputa ocurre apenas días después de que un juez federal ordenara al Departamento de Seguridad Nacional suspender operativos en nueve estados destinados a investigar posibles casos de fraude electoral.
La semana pasada, un juez concluyó que esas operaciones se apoyaban en información incompleta y defectuosa que incluía a ciudadanos estadounidenses. También señaló que las investigaciones podían intimidar a votantes y organizaciones de alcance comunitario mientras la votación anticipada ya se encuentra en marcha.
Anteriormente, el Departamento de Justicia presentó cinco citatorios para obtener los registros de 25 votantes específicos. Las autoridades electorales de San Diego dijeron haber cumplido con esas órdenes porque estaban respaldadas por los mecanismos legales correspondientes.
Ese proceso derivó posteriormente en cargos criminales contra cuatro personas por delitos relacionados con votaciones en el condado.
El condado acusa al DOJ de intimidar a votantes
Tanto San Diego como Imperial argumentaron que la legislación de California prohíbe entregar información confidencial de votantes sin una orden judicial o un acuerdo formal de confidencialidad.
“El hecho de que su carta solicite información confidencial para confirmar acusaciones no sustentadas contra residentes del condado demuestra aún más que la lista de 1,709 personas es precisamente eso: una lista basada en acusaciones sin fundamento”, escribió Brown.
El abogado del condado agregó que el Departamento de Justicia conoce perfectamente los mecanismos legales disponibles para obtener información cuando existen pruebas suficientes.
“El Departamento de Justicia sabe cómo obtener una orden judicial y podría haberlo hecho si contara con una base probatoria adecuada para las acusaciones contenidas en su carta”, sostuvo.
Brown también recordó que la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los votantes corresponde a la Secretaría de Estado de California y no al Registro Electoral del Condado de San Diego.
Se espera una decisión judicial
El juez federal David O. Carter, del Distrito Central de California, tiene previsto emitir un fallo este miércoles sobre una demanda presentada por el Departamento de Justicia para obligar a la Secretaría de Estado a cumplir con solicitudes similares.
Durante una audiencia celebrada el martes, reportó ABC News, Carter afirmó que “sería prudente que cualquier amenaza dirigida a empleados estatales y de los condados cesara inmediatamente”. El magistrado también indicó que estudia designar a un evaluador independiente para revisar las acusaciones del gobierno federal.
La carta de respuesta enviada por el condado deja claro que los funcionarios locales consideran graves las amenazas recibidas.
“Consideramos que los esfuerzos del Departamento de Justicia por amenazar con sanciones penales a funcionarios electorales de California por cumplir con las leyes estatales y federales constituyen un intento de intimidar ilegalmente tanto a los funcionarios electorales como a los votantes de California”, señala el documento.
El condado concluyó reafirmando que el Registro Electoral continuará aplicando las leyes estatales y federales mientras organiza elecciones “libres y justas” en San Diego.
Un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California declinó hacer comentarios.
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