Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters.
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A partir del próximo año, los californianos que brindan asistencia legal, consejería u otros tipos de apoyo a inmigrantes podrán acceder a un programa de privacidad que mantiene sus direcciones confidenciales y fuera de los registros públicos.
El gobernador Gavin Newsom aprobó esta nueva ampliación del programa estatal Safe at Home en medio de la preocupación de legisladores demócratas por el aumento de reportes de acoso y amenazas contra inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Algunos legisladores republicanos se opusieron enérgicamente a la medida, argumentando que limita protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de prensa. La disputa llegó a un punto álgido a finales de agosto durante un altercado verbal que involucró a Terry Schanz, jefe de gabinete de la asambleísta demócrata Tina McKinnor, y a Nick Shirley, creador de contenido conservador en redes sociales y crítico abierto de la nueva ley.
En una grabación ampliamente difundida en redes sociales, Schanz confrontó a Shirley fuera del Capitolio estatal. Funcionarios de la Asamblea se negaron a comentar si Schanz podría enfrentar medidas disciplinarias por el incidente.
La ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2027. Esto es lo que debes saber.
¿Qué hace la nueva ley de privacidad?
Bajo la nueva legislación, la Asamblea Bill 2624, los proveedores de servicios de apoyo a inmigrantes, sus empleados y voluntarios podrán inscribirse en el programa Safe at Home de California.
El programa permite que los participantes, así como los familiares que viven en su hogar, mantengan confidenciales sus direcciones residenciales y fuera de los registros públicos mediante una dirección postal alternativa proporcionada por la Secretaría de Estado de California.
Los participantes también podrán votar de forma confidencial.
La ley además prohíbe que una “persona, empresa o asociación” publique deliberadamente en internet la dirección, imagen o información personal de los participantes del programa, así como de sus cónyuges o hijos, con la intención de “incitar a un tercero a causar daño corporal grave e inminente” a esas personas.
Quienes sean encontrados en violación de la ley podrían enfrentar multas civiles de hasta 4,000 dólares.
“Escuchamos directamente a organizaciones cuyos empleados y voluntarios han sido objeto de divulgación maliciosa de información personal, acoso, vigilancia, grabaciones en sus lugares de trabajo y amenazas que en ocasiones alcanzaron a sus familias en sus hogares”, dijo Bonta durante la votación final en el pleno legislativo el 19 de agosto.
“Estas no son preocupaciones hipotéticas. Nadie debería temer que hacer su trabajo ponga a su familia en riesgo”.
¿Qué es el programa Safe at Home?
El programa Safe at Home de California fue creado hace casi 30 años para proteger la identidad de víctimas de violencia doméstica.
Desde entonces, el estado ha ampliado la elegibilidad para incluir víctimas de acoso, agresión sexual, trata de personas y abuso contra adultos mayores. También protege a trabajadores de la salud reproductiva y, durante la pandemia de COVID-19, a funcionarios de salud pública.
El año pasado California aprobó otra ley que extendió el programa a quienes trabajan en la prestación de atención médica de afirmación de género. Esa legislación también incluye disposiciones similares que prohíben la publicación deliberada de imágenes o información personal de los participantes.
Aunque el proyecto avanzó principalmente con votos partidistas, recibió apoyo bipartidista en los comités de Seguridad Pública y Judicial de la Asamblea. Además, dos legisladores republicanos votaron a favor durante su primera votación en el pleno.
¿Cómo puedo inscribirme?
Las personas interesadas deben residir en California y programar una cita con una agencia autorizada de inscripción, donde se reunirán con un asistente que les ayudará a completar el proceso.
Durante la solicitud deberán presentar evidencia de amenazas creíbles de violencia, incluyendo reportes policiales o documentos judiciales. Presentar información falsa puede resultar en cargos por delito menor.
Los materiales de solicitud son enviados posteriormente al programa Safe at Home para su revisión.
Una vez aprobados, los participantes reciben una identificación oficial para uso público o profesional que incluye la dirección postal alterna.
Por ley, las agencias estatales y locales deben aceptar esa dirección. Sin embargo, empresas privadas, organizaciones particulares y el gobierno federal no están obligados a hacerlo.
La inscripción tiene una vigencia de cuatro años y puede renovarse posteriormente.
¿Por qué los republicanos votaron en contra?
Legisladores republicanos y otros sectores conservadores han amenazado con impugnar la ley en los tribunales, argumentando que viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El asambleísta republicano de San Diego Carl DeMaio, uno de los principales opositores de la medida, la bautizó como la “Ley para Detener a Nick Shirley”, alegando que su verdadero propósito es intimidar a periodistas e investigadores independientes como Shirley y limitar su capacidad para investigar posibles casos de fraude, despilfarro y abuso.
En 2025, uno de los videos de Shirley acusó a guarderías infantiles de Minnesota de cometer fraude de manera generalizada, antes de una ola de actividades de control migratorio federal en ese estado.
También visitó varios centros de cuidado infantil administrados por personas de origen somalí en San Diego durante febrero, donde afirmó que algunos propietarios operaban “instalaciones fantasma” sin niños presentes.
“Básicamente han creado una clase protegida al llamar a este grupo proveedores de servicios de apoyo a inmigrantes, diciendo que tú y yo no podemos exponerlos”, afirmó Shirley durante un mitin realizado el 26 de agosto frente al Capitolio estatal en Sacramento.
“Ninguno de nuestros impuestos debería destinarse a inmigrantes indocumentados ni a organizaciones sin fines de lucro financiadas con dinero de los contribuyentes”.
Jenny Rae Le Roux, candidata republicana para el Distrito 47 del Congreso de California, sostuvo que la ley es redundante porque ya es ilegal incitar a la violencia.
También afirmó que parte de su redacción, particularmente el uso de la palabra “imagen”, es demasiado amplia.
Le Roux dijo que le gustaría ser la primera persona arrestada o multada bajo la nueva legislación mientras promete continuar investigando el gasto gubernamental.
“Redoblaremos nuestros esfuerzos para exponer el despilfarro, el fraude y la corrupción dondequiera que los encontremos, incluidos los proveedores de servicios para inmigrantes”, afirmó durante el mitin. “Y si a Gavin Newsom no le gusta, puede venir a arrestarme él mismo”.
Bonta rechazó esa interpretación y sostuvo que la ley no protege a organizaciones de la rendición de cuentas ni del escrutinio público.
La asambleísta demócrata Gail Pellerin, de Santa Cruz y defensora de la medida, también señaló durante la votación legislativa que ningún medio de comunicación se presentó formalmente para impugnar la ley.
“La oposición a la AB 2624 no ha venido de ellos”, dijo Pellerin. “Ha venido de actores de mala fe que buscan una herramienta disponible para difamar a las comunidades inmigrantes y a quienes las apoyan”.
CalMatters es una organización periodística independiente y sin fines de lucro que ofrece a los californianos reportajes que investigan, explican y exploran soluciones a temas que afectan la calidad de vida, al tiempo que exigen rendición de cuentas a los líderes públicos.
