Llevé una placa durante 35 años en las fuerzas del orden. Me retiré como comandante de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, donde diseñé y dirigí la Operación Stonegarden, una alianza fronteriza que pasó de seis a 17 agencias participantes.

Fui uno de los primeros defensores de los lectores automáticos de matrículas y sigo creyendo que la tecnología, utilizada con disciplina y honestidad, puede ayudar a resolver delitos graves. Lo que nunca imaginé fue la rapidez con la que esa disciplina se debilitaría ni cuán poco se informaría al público.

El 21 de octubre, un comité del Concejo Municipal de San Diego votó por unanimidad para iniciar el proceso de eliminación de las cámaras de Flock Safety utilizadas por la ciudad, aunque el alcalde Todd Gloria, quien atribuye a estos sistemas apoyo en cerca de 900 investigaciones y la recuperación de 8.7 millones de dólares en bienes robados, podría vetar la medida.

Esos resultados merecen ser evaluados seriamente. Sin embargo, el debate en el Ayuntamiento ha pasado por alto lo que ocurre en el resto del condado.

Vivo en La Mesa y prácticamente todos los días paso frente a las cámaras instaladas en la ciudad, ya sea conduciendo, caminando o en bicicleta. La semana pasada, Times of San Diego informó que las 20 cámaras de La Mesa fueron consultadas más de 3.13 millones de veces en apenas siete meses, un promedio de más de 14 mil búsquedas diarias.

Los propios agentes de La Mesa realizaron alrededor de seis consultas por día. Prácticamente todas las demás provinieron de una red estatal integrada por 306 agencias a la que la ciudad decidió sumarse. El principal usuario local fue precisamente mi antigua institución, la Oficina del Sheriff, que efectuó 57,879 búsquedas utilizando las cámaras de La Mesa.

Quise saber por qué.

Presenté una solicitud de registros públicos para revisar los registros de auditoría. La ciudad me los entregó, pero con la justificación de cada búsqueda completamente censurada.

Las autoridades municipales han dicho a Times of San Diego que no controlan la frecuencia con la que otras agencias utilizan la red. Los residentes deberían entender lo que eso significa: nadie en nuestra ciudad supervisa quién observa nuestros desplazamientos o con qué propósito.

La tecnología ha evolucionado mucho más allá de las placas

También es importante comprender en qué se han convertido estos sistemas.

Las cámaras actuales pueden identificar vehículos por marca, modelo y color, además de detalles específicos como portaequipajes o calcomanías en el parachoques, incluso cuando la matrícula no puede leerse con claridad.

Funcionan, en la práctica, como un sistema de reconocimiento facial para automóviles.

Y debido a que la mayoría de nosotros conduce el mismo vehículo a los mismos lugares de forma habitual, el historial de un automóvil termina convirtiéndose rápidamente en el historial de una persona: dónde duerme, dónde practica su fe, qué médico visita, si acudió a un abogado de inmigración o si participó en una manifestación pública.

Con suficientes búsquedas, es posible construir un mapa detallado de una comunidad entera.

Después de toda una carrera en este campo, puedo decir que el uso indebido de una herramienta tan poderosa no es una posibilidad remota. Es predecible. Y ya ha ocurrido.

En distintos lugares del país, agentes han utilizado estos sistemas para rastrear a exparejas sentimentales. En Texas, una oficina del sheriff consultó cámaras de otros estados para rastrear a una mujer que había gestionado por sí misma un aborto. También se ha documentado que agentes federales realizaron búsquedas relacionadas con inmigración utilizando las credenciales de acceso de funcionarios locales.

Aquí mismo, en San Diego, dos hombres arrestados erróneamente tras ser identificados por lectores de matrículas han presentado demandas contra la ciudad.

Las dudas sobre la supervisión persisten

En junio de 2025, CalMatters e inewsource informaron que la Oficina del Sheriff había efectuado búsquedas en nombre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o de la Patrulla Fronteriza, a pesar de que la ley estatal prohíbe compartir estos datos con agencias federales para propósitos migratorios.

El departamento prometió entonces una revisión interna cuyos resultados nunca fueron publicados.

Aun así, la expansión de esta tecnología ha continuado en ciudades bajo contrato con el Sheriff, acompañada de las mismas garantías de que la información no se comparte con autoridades migratorias.

Incluso el Departamento de Policía de San Diego registró casi 4,000 búsquedas bajo la categoría genérica de “otros” antes de eliminar recientemente esa opción.

Un motivo de búsqueda que nadie puede verificar apenas aparenta ser una forma de rendición de cuentas.

La necesidad de reglas para todo el condado

Por eso considero que este problema no puede resolverse ciudad por ciudad.

Si San Diego desconecta sus cámaras, un residente de la ciudad que conduzca hasta Grossmont Center seguirá siendo captado por las cámaras de La Mesa y continuará siendo rastreable a través de la red estatal.

Tampoco obtendrán mayor protección los residentes de Encinitas o Poway, donde los sistemas son administrados por la Oficina del Sheriff.

Nuestra privacidad es tan fuerte como la política más débil del condado.

Necesitamos una norma uniforme para todo San Diego.

Cada búsqueda debería estar vinculada a un caso real o a un número de reporte específico, sin categorías ambiguas como “otros” o “investigación”. El acceso debería limitarse a socios claramente identificados mediante acuerdos escritos que exijan el cumplimiento de la legislación estatal.

Las auditorías que indiquen quién realizó las búsquedas, cuándo y por qué deberían publicarse regularmente, y las razones de cada consulta tendrían que ser públicas por defecto.

Asimismo, todas las ciudades que contratan los servicios de la Oficina del Sheriff deberían regirse por las mismas reglas establecidas por la Junta de Supervisores.

Nada de esto equivale a una prohibición.

Cualquier agencia que cumpla la ley ya debería ser capaz de operar bajo estos estándares. Y cualquier agencia que no pueda hacerlo debería suspender temporalmente el uso de la tecnología hasta alcanzar ese nivel de transparencia.

Pido a la Junta de Supervisores que ordene a la Oficina del Sheriff publicar la revisión interna realizada en 2025 y adoptar una política uniforme para todo el condado.

Pido al Concejo Municipal de La Mesa que abandone la red estatal y divulgue las razones detrás de las búsquedas realizadas.

Y pido a cada jefe policial que asegura que estos datos nunca llegan a las autoridades migratorias que lo demuestre mediante registros accesibles para cualquier ciudadano.

David A. Myers es un comandante retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, donde acumuló 35 años de servicio. Entre 2023 y 2025 se desempeñó como director de seguridad y protección de Jewish Family Service of San Diego.