Este artículo fue producido por Capital & Main y se publica con autorización.
Para las organizaciones de defensa de los inmigrantes en California, hay dos certezas de cara a las elecciones de medio mandato del martes: que la administración del presidente Donald Trump intenta intimidar a las comunidades inmigrantes para desalentar su participación electoral y que solo una respuesta coordinada permitirá impedir que esa estrategia tenga éxito.
A un día de la elección, es imposible determinar si el aumento de la actividad federal contra los inmigrantes en California documentado recientemente por The New York Times terminará afectando la participación electoral de estas comunidades. Sin embargo, activistas y líderes comunitarios señalan que el estado ya ha vivido situaciones similares, incluidas las redadas masivas realizadas por ICE el año pasado.
Esa experiencia impulsó la creación de una red de organizaciones que hoy coordinan esfuerzos para proteger a los inmigrantes, documentar posibles excesos de las autoridades federales y garantizar que los ciudadanos elegibles ejerzan su derecho al voto.
Durante semanas, estos grupos han recorrido barrios, iglesias y centros comunitarios recordando a los residentes sus derechos y alentando a quienes son ciudadanos estadounidenses a votar anticipadamente para reducir el riesgo de eventuales intentos de supresión electoral.
“Seamos claros: California no será intimidada”, afirmó Jeannette Zanipatin, directora de políticas públicas y defensa legislativa de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), durante una conferencia de prensa conjunta celebrada este mes en Los Ángeles.
Según Zanipatin, el aumento repentino de redadas migratorias busca “silenciar a las comunidades inmigrantes, suprimir la participación cívica y dividir nuestros vecindarios”. Y añadió: “Rechazamos esa agenda”.
Aumentan los operativos migratorios
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no ha actualizado oficialmente sus estadísticas de arrestos desde agosto, diversos reportes apuntan a un incremento significativo de la actividad de ICE en California durante las últimas semanas.
Uno de los casos más notorios ocurrió el 19 de octubre, cuando el Departamento de Justicia anunció el arresto de 11 inmigrantes acusados de delitos relacionados con presuntas irregularidades electorales. En total, 28 personas enfrentan cargos en una investigación que involucra a un estado con aproximadamente 23 millones de votantes registrados.
Entre los detenidos se encontraba un hombre de 72 años originario de Belice, quien fue sacado de su vivienda en Commerce mientras vestía pijama y posteriormente trasladado a custodia federal en el centro de Los Ángeles.
A principios de octubre, agentes federales arrestaron a más de 100 inmigrantes en el Valle Central, muchos de ellos trabajadores agrícolas, según informó CalMatters. Funcionarios locales declararon a KQED que los agentes aparentemente no presentaron órdenes judiciales y que los detenidos no eran personas con antecedentes criminales graves ni contaban con órdenes finales de deportación.
En Woodland, cerca de Sacramento, un residente denunció haber sido golpeado por un vehículo de ICE mientras grababa actividades federales en su comunidad, de acuerdo con un reporte de CapRadio. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó esa versión, la policía local indicó posteriormente que las grabaciones de video revisadas contradecían la explicación de las autoridades federales.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias han reportado una fuerte presencia de agentes migratorios en vecindarios inmigrantes del área metropolitana de Los Ángeles, particularmente en el Valle de San Fernando, según la red de respuesta comunitaria The LA Local.
Abogados especializados en inmigración también han denunciado un aumento de arrestos violentos y operativos sin órdenes válidas en el Área de la Bahía, de acuerdo con información publicada por Berkeleyside.
Vigilar las urnas y promover el voto anticipado
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que estas acciones forman parte de un patrón de intimidación destinado a infundir miedo entre las comunidades inmigrantes y desalentar tanto su vida cotidiana como su participación cívica.
Por ello, grupos como CHIRLA han reforzado las campañas de información sobre derechos constitucionales y han recordado que toda persona en California, independientemente de su estatus migratorio, cuenta con protecciones legales ante encuentros con agentes federales.
Además, diversas organizaciones formaron la coalición Can’t Stop California, que ha capacitado voluntarios para observar centros de votación y detectar cualquier interferencia en el proceso electoral.
Entre las recomendaciones emitidas figura votar de manera anticipada mediante correo, buzones oficiales o centros de votación temprana. También exhortan a documentar de manera segura cualquier actividad migratoria sospechosa y reportarla a redes comunitarias como la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles.
“Los agentes federales de inmigración no están por encima de la ley”, declaró Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN), durante la conferencia de prensa.
“Entendemos que, al hacerlos sentir aislados y temerosos, lo que realmente buscan es desalentar su participación en el futuro de esta nación”, afirmó. “No permitan que esa intimidación los silencie”.
La batalla por la narrativa electoral
La administración Trump ha impulsado repetidamente denuncias sobre supuestas irregularidades en los procesos electorales, pese a que diversos estudios han concluido que el voto ilegal es extremadamente raro, como documentó NPR.
Varias de esas acusaciones han terminado desacreditadas. Un caso reciente involucró afirmaciones de funcionarios federales que aseguraban que hasta 16,000 personas votaban ilegalmente en Nevada. Sin embargo, una investigación posterior citada por The New York Times concluyó que la cifra real era cero.
Esta semana, abogados de la administración federal también acudieron a tribunales para intentar impedir que California contabilizara cerca de 20,000 boletas electorales cuya elegibilidad era cuestionada por el gobierno, según reportó Los Angeles Times.
Sin embargo, el juez federal David O. Carter rechazó la solicitud, de acuerdo con otra cobertura de Los Angeles Times. En su dictamen, sostuvo que el gobierno intentaba presionar a autoridades estatales y locales para abandonar procedimientos electorales establecidos constitucionalmente y someterse a los deseos del Poder Ejecutivo.
Más allá de las elecciones
Defensores de los inmigrantes sostienen que el impacto de estas operaciones va mucho más allá de las urnas.
Durante las redadas de ICE realizadas el año pasado, especialistas en salud pública observaron que numerosas familias dejaron de acudir a consultas médicas por temor a encontrarse con agentes migratorios. Algunas escuelas también registraron disminuciones en la asistencia estudiantil.
Por ello, las organizaciones aseguran que mantendrán sus esfuerzos de divulgación y acompañamiento hasta el día de la elección, promoviendo la participación ciudadana y desmintiendo las afirmaciones sobre una supuesta ola de votación ilegal, una narrativa que también ha sido analizada por el Election Innovation Hub.
Para estos grupos, la mejor respuesta frente al miedo es que los votantes elegibles ejerzan plenamente su derecho a participar en la democracia.
