Un hombre de San Diego que participó en una red para retener a migrantes en cautiverio y exigir pagos de rescate a sus familiares, dejando a por lo menos dos migrantes desaparecidos y presuntamente muertos, fue sentenciado el viernes a 12 años de prisión.
Los fiscales federales afirman que migrantes que buscaban ser introducidos ilegalmente a Estados Unidos fueron engañados por integrantes de una organización de tráfico de personas con base en Tijuana, que en lugar de ayudarlos a cruzar la frontera los secuestraba y los mantenía retenidos contra su voluntad.
Entre esas víctimas se encontraban un hombre y una mujer que fueron secuestrados por separado en 2024 y que continúan desaparecidos, pese a que sus familias pagaron miles de dólares en rescates.
Un padre de cuatro hijos sigue desaparecido
En septiembre de 2024, la Fiscalía Federal informó que Isaac Jimenez cobró personalmente 15,000 dólares a la familia del hombre secuestrado y posteriormente entregó el dinero a sus cómplices en México.
Posteriormente, los secuestradores exigieron más dinero a la esposa y otros familiares de la víctima. Después de recibir pagos adicionales, amenazaron con matar al hombre si la familia no entregaba más dinero, según los fiscales.
Cuando la familia ya no pudo reunir más fondos, la comunicación con los traficantes terminó y el paradero del hombre, padre de cuatro hijos, continúa siendo desconocido, indicó la Fiscalía Federal.
Una joven de Tijuana también fue secuestrada
En diciembre de 2024, Jimenez aceptó coordinar el traslado clandestino de una joven de 20 años residente de Tijuana por 7,000 dólares, según los fiscales.
Posteriormente, los cómplices de Jimenez secuestraron a la mujer y exigieron 30,000 dólares a su familia.
La Fiscalía Federal informó que durante videollamadas realizadas al prometido de la víctima y otros familiares, los secuestradores aparecían apuntándole con armas de fuego y golpeándola con patadas en la cabeza y el pecho.
Su familia envió 10,000 dólares a los traficantes, pero ella nunca fue liberada.
Los fiscales sostienen que Jimenez no participó personalmente en los secuestros ni mantuvo cautivas a las víctimas, pero sabía que sus cómplices estaban involucrados en secuestros y que, “según su entender”, ambas víctimas fueron asesinadas en México.
Acuerdo de culpabilidad
Jimenez se declaró culpable este año de cargos federales.
Como parte de su acuerdo con la justicia, aceptó pagar 24,500 dólares a las familias de los migrantes desaparecidos para ayudar con gastos funerarios y como restitución parcial por los rescates que fueron pagados.
Testimonios de dolor ante la corte
Familiares de las dos víctimas asistieron a la audiencia de sentencia en la Corte Federal de San Diego y expresaron el dolor por la pérdida de sus seres queridos, así como la angustia de no saber dónde se encuentran sus restos.
La esposa del hombre secuestrado recordó una llamada telefónica que recibió de su esposo, durante la cual él le dijo:
“Necesitas pagar el dinero o me van a poner una bala en la cabeza”.
Ella declaró:
“Esas palabras y el miedo en su voz nunca me han abandonado”.
El padre de la mujer secuestrada dijo que “sentí que el mundo se detenía” cuando recibió la llamada de su hija, quien le suplicó que no avisara a la policía porque sus secuestradores habían amenazado con matarla si lo hacía.
Posteriormente, la familia recibió videollamadas en las que aparecía atada, golpeada y con armas apuntándole a la cabeza.
“Ningún padre debería ver a su propio hijo sometido a ese sufrimiento”, afirmó.
El hombre relató que las búsquedas de su hija durante los meses siguientes no produjeron resultados hasta que fue descubierta una “fosa clandestina”, donde se hallaron dos dientes que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a la joven.
Desde entonces se han encontrado otros restos óseos compatibles con su ADN, aunque la búsqueda para recuperar todos sus restos continúa.
Según explicó, cada nuevo hallazgo o posible hallazgo de restos reactiva el “ciclo que nos obliga a revivir el secuestro”.
“Hay preguntas que no tienen respuesta y un dolor que nunca encuentra cierre”, dijo.
La declaración de Jimenez
Jimenez se dirigió directamente a las familias durante la audiencia.
“Me habría gustado tener control sobre lo que ocurrió. No sé qué pasó con sus familiares. No sé dónde están”, afirmó.
También dijo a la jueza federal Janis Sammartino:
“Durante mucho tiempo pensé que estaba ayudando a las personas. Ahora me doy cuenta de que nunca fue así”.
Debate sobre su responsabilidad
El abogado defensor de Jimenez, Douglas Brown, escribió en documentos presentados ante la corte que su cliente había participado durante años en actividades de tráfico de personas y que, antes de estos hechos, nadie había sido extorsionado ni lesionado.
Brown sostuvo que Jimenez esperaba que ambas víctimas lograran cruzar la frontera de manera segura.
Además, argumentó que cuando comprendió lo que había sucedido decidió entregarse a las autoridades.
Sin embargo, el fiscal federal adjunto Robert Miller rechazó ese argumento.
Según Miller, Jimenez solo se entregó después de que las familias de las víctimas descubrieran su participación en las desapariciones y difundieran fotografías suyas en redes sociales.
El fiscal también afirmó que Jimenez continuó participando en actividades de tráfico de personas después de los secuestros y mientras ya sabía que ambas víctimas habían sido privadas de la libertad.
