Los abogados trabajan contrarreloj para acelerar el procesamiento de ciertas solicitudes de residencia permanente, meses después de que el presidente Donald Trump suspendiera un programa de visas que ha funcionado durante décadas.
El programa de Visas de Diversidad (DV), también conocido como la Lotería de la Tarjeta Verde o Green Card Lottery, fue suspendido en diciembre cuando funcionarios federales ordenaron una revisión integral de sus procedimientos de investigación y verificación de antecedentes.
El procesamiento de solicitudes se reanudó esta semana tras una intensa batalla judicial. Sin embargo, persisten las dudas sobre si existe tiempo suficiente, o disposición por parte del gobierno, para atender miles de solicitudes pendientes antes del 30 de septiembre.
La ley federal exige que las embajadas del Departamento de Estado dejen de procesar a los solicitantes de cada año fiscal al finalizar septiembre. Muchos casos permanecen detenidos debido a la lentitud en el procesamiento y al cierre ordenado del programa.
El programa otorga visas de inmigrante a personas nacidas en países con bajos índices de inmigración hacia Estados Unidos.
Demanda colectiva
Curtis Morrison, abogado del condado de San Diego, junto con su coabogada Jessica Arena, de San Francisco, y otros cinco abogados de distintos estados, lidera un esfuerzo para obligar al gobierno federal a cumplir las órdenes judiciales de procesar y emitir las visas de diversidad.
Ese esfuerzo incluye una demanda colectiva presentada en junio contra la suspensión del programa. La demanda nombra como acusados al presidente Donald Trump, al subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, al secretario de Estado Marco Rubio, al fiscal general Todd Blanche, al director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) Joseph Edlow y al secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin.
A finales del mes pasado, los abogados argumentaron ante una corte federal en San José que la congelación del programa era ilegal. El juez estuvo de acuerdo y calificó la suspensión como “arbitraria y caprichosa”, ordenando al Departamento de Estado que reanudara de inmediato el procesamiento de solicitudes y la emisión de visas de diversidad.
No obstante, Morrison sostiene que el Departamento de Estado no ha cumplido plenamente con la orden judicial. Durante una audiencia celebrada el 11 de septiembre, acusó al gobierno de actuar de mala fe.
El abogado del gobierno, Nag Young Chu, respondió que reiniciar el programa requiere una gran cantidad de trabajo administrativo y que se necesita tiempo para normalizar las operaciones.
El juez federal Edward Davila, designado por Barack Obama, cuestionó esa explicación. Señaló que el Poder Ejecutivo parece utilizar bases de datos y comunicaciones electrónicas de forma eficiente cuando se trata de deportaciones y preguntó por qué esa misma tecnología no puede utilizarse para restablecer rápidamente el programa DV.
Davila también ordenó que el gobierno informe semanalmente cuántas solicitudes están siendo procesadas.
El lunes, la administración informó a la corte que todas las embajadas afectadas recibieron instrucciones formales para cumplir la orden emitida el 11 de septiembre. Asimismo, indicó que las misiones diplomáticas revisaron el contenido de sus sitios web para ajustarse a la decisión judicial.
Una nueva disputa
La audiencia se produjo después de que Arena presentara una moción acusando al gobierno de instruir a funcionarios consulares para obstaculizar el avance de los solicitantes de visas DV.
Según Morrison, varios de sus clientes en Turquía, Ruanda y Francia informaron que el Departamento de Estado envió comunicaciones internas a embajadas y consulados indicándoles cómo rechazar o retrasar a los demandantes y miembros de la demanda colectiva.
Los solicitantes afectados, residentes en Ankara, Kigali y París, afirman que se les negaron entrevistas consulares.
Los demandantes buscan obtener tres comunicaciones oficiales enviadas a las embajadas.
“El Departamento de Estado las ha retenido y no las ha compartido con nosotros”, dijo Morrison. “Creemos que esos mensajes ofrecen pistas sobre por qué el Departamento de Estado no está cumpliendo completamente con las órdenes judiciales”.
Chu negó las acusaciones y sostuvo que las cancelaciones de entrevistas estuvieron relacionadas con la capacitación necesaria para reanudar el programa y no con un intento de incumplir las órdenes de la corte.
La disputa judicial continuará esta semana en San Diego, donde Morrison y el equipo de demandantes solicitarán a otro tribunal que obligue al gobierno a iniciar también el procesamiento del programa DV 2027, que igualmente fue suspendido.
La ofensiva migratoria impacta a San Diego
La batalla por la Lotería de Visas ocurre en un momento en que el condado de San Diego experimenta una caída notable en la llegada de inmigrantes debido a las medidas de control migratorio adoptadas por la administración Trump.
Las cifras más recientes del Censo de Estados Unidos muestran que el condado registró una disminución del 65% en la llegada de personas procedentes del extranjero durante el último año, la mayor caída en 15 años.
De acuerdo con cálculos de Morrison, aproximadamente 50,000 inmigrantes que obtuvieron residencia mediante el programa de Visas de Diversidad viven actualmente en el área de San Diego.
La reducción también tiene implicaciones económicas para la región.
“Durante mucho tiempo, el crecimiento económico de San Diego ha dependido de una afluencia constante de inmigrantes trabajadores que a menudo ocupan puestos que otros no desean”, afirmó Daniel Enemark, economista jefe del San Diego Regional Policy and Innovation Center.
No existen datos públicos sobre cuántos solicitantes con destino a San Diego lograron obtener una visa bajo el programa de 2026 ni cuántos permanecen atrapados en el limbo administrativo.
Sin embargo, los informes presentados por el gobierno ante la corte ofrecen una idea de hasta qué punto se ha ralentizado el sistema.
Según documentos judiciales, el Departamento de Estado informó esta semana que únicamente una solicitud de Visa de Diversidad había sido aprobada para emisión. Más tarde, la administración reportó que se habían realizado aproximadamente seis entrevistas nuevas y 85 reentrevistas.
Morrison estima que en años recientes el gobierno llegó a procesar entre 230 y 400 solicitudes por día.
Los datos del Departamento de Estado muestran que antes de la suspensión ordenada por Trump se procesaban entre 1,000 y 1,500 Visas de Diversidad por semana en todo el mundo.
Millones compiten por pocas visas
Desde su creación durante la presidencia de George H. W. Bush, la Lotería de Visas de Diversidad ha atraído aproximadamente 20 millones de participantes cada año.
Ese grupo se reduce mediante un sorteo a unas 120,000 personas seleccionadas, de las cuales finalmente hasta 55,000 reciben visas de inmigrante.
Los sectores conservadores han criticado durante años el programa. En 2017, durante su primer mandato, Trump intentó persuadir al Congreso para eliminarlo, pero no logró reunir el apoyo necesario.
En su actual administración, reactivó sus esfuerzos para poner fin al programa, esta vez mediante acciones ejecutivas y administrativas sin recurrir al Congreso.
