La política, que entra en vigor el 18 de septiembre, amplía la discreción de los oficiales migratorios para considerar el uso de programas como Medicaid, CHIP y SNAP al evaluar ciertas solicitudes de residencia legal.
Esta historia apareció originalmente en Stateline.
Las nuevas reglas que entran en vigor esta semana permitirán que la inscripción de inmigrantes en programas de asistencia social sea tomada en cuenta en ciertas solicitudes de estatus migratorio legal, en lo que representa la más reciente modificación a la política migratoria de la administración Trump.
Las consecuencias podrían ser amplias para los hogares de estatus migratorio mixto, ya que personas sin un estatus legal podrían optar por no inscribir a sus hijos ciudadanos estadounidenses u otros dependientes en programas públicos por temor a afectar futuros trámites migratorios.
La nueva guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) entrará en vigor el 18 de septiembre y afectará a quienes soliciten una residencia permanente, ciertas visas o la admisión al país. La medida revoca las regulaciones de carga pública adoptadas en 2022 durante la administración Biden, las cuales limitaban la capacidad de los oficiales migratorios para considerar el uso de beneficios públicos no monetarios, incluidos programas dirigidos a familias de bajos ingresos como Medicaid, asistencia para vivienda y cupones de alimentos.
Cuando un oficial de inmigración determina que una persona podría llegar a depender de beneficios gubernamentales, esa condición de “carga pública” constituye un motivo de inadmisibilidad bajo la ley federal.
La nueva política del presidente Donald Trump amplía la discreción de los oficiales migratorios, permitiéndoles considerar la participación en programas públicos no monetarios como un factor de carga pública. Entre ellos se encuentran Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la principal ayuda alimentaria del país.
Las personas sujetas a esta evaluación incluyen inmigrantes que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales. También abarca a cónyuges, hermanos, padres e hijos de ciudadanos estadounidenses; viudos y viudas; graduados de escuelas de medicina extranjeras; integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos; ciertos trabajadores con títulos avanzados, entre otros grupos.
USCIS especifica que algunas categorías migratorias no están sujetas a la evaluación de carga pública. Entre ellas se encuentran asilados, refugiados, intérpretes afganos e iraquíes y otros ciudadanos de esos países que trabajaron para el gobierno estadounidense, personas que solicitan Estatus de Protección Temporal (TPS), víctimas de trata de personas, peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y personas indígenas nacidas en Canadá que no son ciudadanas estadounidenses, entre otros grupos.
Este verano, el grupo de investigación en salud KFF estimó que entre 1.4 y 4.1 millones de personas inscritas en Medicaid y CHIP que viven en hogares con al menos un no ciudadano podrían darse de baja debido a la regla de carga pública o a otros temores relacionados con la inmigración.
En noviembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que la medida afectaría a ciudadanos estadounidenses que viven en hogares de estatus mixto. La agencia señaló que el gasto federal y estatal podría reducirse en casi 9,000 millones de dólares al año debido a cancelaciones o renuncias a programas de beneficios públicos por parte de familias que incluyan inmigrantes potencialmente afectados por la norma.
La dependencia también reconoció que la medida podría generar efectos económicos indirectos para los estados.
“Por ejemplo, la regla podría resultar en menores ingresos para proveedores de atención médica, como hospitales y organizaciones sin fines de lucro que participan en Medicaid; empresas que fabrican suministros médicos o productos farmacéuticos; supermercados que participan en SNAP; productores agrícolas cuyos alimentos pueden comprarse con beneficios de SNAP; o propietarios que participan en programas federales de vivienda”, escribió la agencia en su propuesta regulatoria.
Estudios previos encontraron que durante la primera administración Trump las reglas de carga pública redujeron la probabilidad de que las familias solicitaran asistencia alimentaria o atención médica. Ese punto fue destacado nuevamente esta semana por la Academia Estadounidense de Pediatría.
“Cuando un niño pasa hambre, puede verse afectado cada aspecto de su desarrollo y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como males cardíacos y diabetes, incluso en la edad adulta”, dijo la doctora Sural Shah, presidenta del Consejo para la Salud de Niños y Familias Inmigrantes de la Academia Estadounidense de Pediatría, durante una conferencia de prensa.
“Sin acceso al programa WIC, los bebés y niños pequeños perderán apoyos nutricionales fundamentales para el desarrollo cerebral durante los primeros 1,000 días de vida. Medicaid y CHIP son programas vitales”.
En una orden ejecutiva firmada un mes después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump afirmó que su administración buscaría “hacer cumplir el estado de derecho, defender los recursos aportados por los contribuyentes contra el desperdicio y proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses necesitados, incluidas las personas con discapacidades y los veteranos”.
Profesionales de la salud sostienen que la actividad migratoria de los últimos meses ha incrementado el miedo y el aislamiento entre muchas familias, provocando retrasos en la atención médica y el avance de enfermedades entre menores de edad. También advierten que las personas con discapacidades y necesidades médicas complejas podrían verse entre las más afectadas.
La organización Autism Self Advocacy Network señaló que los inmigrantes con discapacidades sufrirán un impacto desproporcionado, debido a que suelen depender de programas públicos en mayor medida que otros grupos de inmigrantes.
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