Las autoridades estatales emprendieron esta semana acciones legales contra un empresario de Chula Vista, acusándolo de ofrecer servicios legales de manera inapropiada a inmigrantes indocumentados y de cobrarles miles de dólares en el proceso.
Se trata de una de muchas situaciones que, según expertos, forman parte de un amplio campo minado de servicios deficientes y estafas que se aprovechan de personas que buscan obtener estatus legal en Estados Unidos. En lugar de ayudarlas a navegar un sistema migratorio extremadamente complejo, los estafadores pueden quedarse con su dinero mediante asesoría deficiente o incluso utilizando identidades falsas, dejando a los migrantes sin recursos y, en ocasiones, con pocas opciones para recuperar su dinero.
Según la petición presentada por el Colegio de Abogados de California, Gabriel Luna de la Fuente cobró a varios migrantes por servicios que incluían asesoría legal, preparación y presentación de documentos ante autoridades migratorias.
Los investigadores sostienen que esas actividades constituyen la prestación de asesoría legal sin contar con una licencia para ejercer la abogacía.
La investigación comenzó en parte debido a una queja presentada ante el Colegio de Abogados por una clienta.
La mujer, que acudió a la empresa Superior Immigration Services, señaló que De la Fuente le cobró miles de dólares a pesar de que no cumplió con la promesa de presentar la documentación necesaria para modificar el estatus migratorio de su hija.
Según la denuncia, De la Fuente “proporcionó a Reyes la información de su cuenta bancaria y le indicó que acudiera a una sucursal cercana de Wells Fargo para depositar $1,700 en su cuenta, dinero que supuestamente cubriría las tarifas de formularios migratorios y un examen médico obligatorio”.
Reyes también le envió $495 para la documentación de su hija, la cual, asegura, nunca fue presentada.
“Me afectó porque reunir ese dinero requirió mucho esfuerzo”, dijo Reyes en su queja.
En un expediente presentado ante el Tribunal Superior del Condado de San Diego, un investigador del Colegio de Abogados describió publicaciones en redes sociales de Superior Immigration Services que invitaban a los clientes a llamar o acudir a la oficina para hablar con los “licenciados”, término que, según el documento judicial, suele utilizarse en español para referirse a abogados con licencia.
Bajo la ley estatal, únicamente los abogados autorizados o personas supervisadas por ellos pueden brindar asesoría legal, como recomendar qué tipo de visa solicitar o qué formularios presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El investigador concluyó que De la Fuente no operaba bajo la supervisión de ningún abogado.
De acuerdo con un intercambio de correos electrónicos incluido en los documentos judiciales, De la Fuente afirmó que trabajaba como consultor de inmigración y que contaba con la garantía financiera exigida por la ley estatal.
“Nunca me presento como abogado”, escribió.
La legislación de California sí permite operar negocios como consultores de inmigración, proporcionando asistencia no legal o ayudando a preparar documentos.
Sin embargo, una organización local sin fines de lucro, el Immigrant Rights Defense Council, ha presentado al menos 11 solicitudes judiciales este año para cerrar negocios de consultoría migratoria en el área de San Diego que, según la organización, violan la Ley de Consultores de Inmigración al ofrecer asesoría legal, no contar con la garantía requerida u otras infracciones.
El propio Colegio de Abogados también ha emitido advertencias a otras firmas migratorias para que no ofrezcan servicios legales sin autorización.
El caso contra De la Fuente, sin embargo, fue más allá y dio lugar a una petición judicial en la que se solicita que un juez permita al Colegio de Abogados asumir el control de la empresa y de los expedientes de los clientes, retirando a De la Fuente la autoridad sobre los casos.
Algunos clientes afirman que lograron regularizar su situación migratoria con ayuda de De la Fuente, mientras que otros aseguran haber perdido miles de dólares.
Un hombre que respondió el teléfono en Superior Immigration Services el jueves por la noche indicó que Gabriel Luna de la Fuente no se encontraba en la oficina en ese momento y manifestó sorpresa al enterarse de la acción legal.
“No tenía idea de que esto estaba sucediendo”, dijo.
Un problema más amplio
El Colegio de Abogados sostiene que este tipo de casos representa apenas una pequeña parte de las estafas dirigidas a personas que intentan abrirse paso en el complejo sistema migratorio.
A medida que aumentan los arrestos migratorios en California y en todo el país, también aumentan las oportunidades para lucrar con personas abrumadas por una detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o por un proceso ante tribunales migratorios.
Los estafadores se hacen pasar por abogados
Hernández explicó que De la Fuente nunca afirmó técnicamente ser abogado, aunque presuntamente ofrecía servicios legales.
Sin embargo, muchas estafas van mucho más lejos.
Agustín Hernández, abogado supervisor del Colegio de Abogados de California, explicó que algunos estafadores utilizan el nombre y número de licencia de abogados reales o incluso crean identidades completamente ficticias para aparentar ser despachos legales legítimos.
Defensores de inmigrantes en Stockton relataron casos similares, en los que familias contrataron abogados de una firma con un sitio web aparentemente profesional.
Al investigar más a fondo, descubrieron que la dirección publicada simplemente no existía.
Cuando comenzó a difundirse que la firma era falsa, el sitio web desapareció, pero para entonces los estafadores ya habían obtenido miles de dólares de sus víctimas.
Hernández recomendó que cualquier persona que busque representación legal verifique que el abogado aparezca en el sitio web oficial del Colegio de Abogados de California y confirme que la dirección y el número telefónico coincidan con la información registrada.
Si un supuesto abogado proporciona datos distintos a los que aparecen en el perfil oficial, explicó, se trata de una importante “señal de alerta”.
