Agentes federales impidieron el ingreso de autoridades estatales y locales que buscaban visitar el centro de detención de ICE en Otay Mesa el viernes, lo que anticipa nuevos enfrentamiento legales entre el gobierno del presidenteTrump y autoridades de California que intentan responder a su ofensiva migratoria.
Los agentes informaron al senador federal Alex Padilla y a las supervisoras del condado de San Diego Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre que no podían recorrer las instalaciones, pese a que leyes estatales y federales les otorgan acceso. Lawson-Remer y Aguirre habían recibido autorización previa por parte de funcionarios del centro, pero les comunicaron que ese permiso había sido revocado.
Las autoridades electas señalaron en una conferencia de prensa que buscaban inspeccionar las instalaciones tras recibir reportes de que los detenidos no contaban con agua potable suficiente, alimentos adecuados ni atención médica. Lawson-Remer y Aguirre añadieron que también habían recibido cartas de personas detenidas que deseaban reunirse con ellas para presentar quejas sobre las condiciones en el lugar, pero se les impidió entrar.
La ley federal permite que miembros del Congreso inspeccionen todos los centros de detención federales, y una ley estatal aprobada en 2024 otorga a las autoridades del condado acceso a los centros dentro de su jurisdicción para vigilar el cumplimiento de normas sanitarias y de salud pública. Lawson-Remer y Aguirre llegaron a las puertas del centro con listas de verificación sobre requisitos legales en materia de atención médica, saneamiento y nutrición, que pensaban completar durante el recorrido por las distintas áreas.
Sin embargo, ambas dijeron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas les
informaron que tenían que abandonar el lugar, pese a contar con autorización previa tanto de la oficina local de ICE como de CoreCivic, la empresa privada que opera el centro de Otay Mesa.
Según relataron, los agentes locales les explicaron que la orden de impedirles el acceso provenía de la sede de ICE en Washington. “Nos amenazaron con escoltarnos fuera del lugar, incluso miembros de nuestra propia oficina del alguacil”, dijo Aguirre. “Están violando claramente nuestra autoridad”. Señaló también que se le prohibió estacionarse en el lote del centro de detención.
En un comunicado de prensa, Lawson-Remer y Aguirre informaron que se preparan para presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, argumentando que fue ilegal que los agentes de ICE en Otay Mesa les negaran el acceso.
El incidente se suma al conflicto entre autoridades electas y el gobierno de Trump, dado que el Departamento de Seguridad Nacional ha seguido negando el acceso a funcionarios pese a leyes que garantizan su facultad para llevar a cabo las inspecciones.
Padilla dijo que agentes de ICE le informaron que debía presentar una solicitud con siete días de anticipación, a pesar de que una orden judicial reciente suspendió temporalmente ese requisito. Otros miembros del Congreso han impugnado la regla, argumentando que la ley federal les permite visitar centros de detención en cualquier momento. Esos legisladores lograron obtener una suspensión temporal de la norma en semanas recientes.
Padilla recordó que su visita se produce poco después de la aparición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la frontera de San Diego la semana pasada, donde afirmó que las condiciones en Otay Mesa eran “muy buenas”.
“Si ese es el caso, ¿entonces de qué tienen miedo?”, cuestionó. “¿Qué es lo que están ocultando?”
