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Líderes y funcionarios electos de California han dedicado una cantidad considerable de energía a tratar de mitigar algunas de las políticas más controvertidas del segundo mandato del presidente Donald Trump. Esta vez, intentan adelantarse a una de ellas antes de que entre en vigor.
Como respuesta a los cambios regulatorios propuestos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), la Legislatura de California aprobó en agosto y envió al gobernador Gavin Newsom una medida que prohíbe a las autoridades de vivienda del estado imponer requisitos laborales o límites de tiempo para que los inquilinos de bajos ingresos puedan seguir recibiendo asistencia federal para el pago de renta.
Los cambios propuestos por HUD permitirían, aunque no obligarían, a las agencias locales de vivienda imponer tanto requisitos laborales como límites de duración para la asistencia. Si Newsom firma el proyecto de ley, California se convertirá en el primer estado con una legislación que prohíbe expresamente la aplicación de esas condiciones.
“Sabemos que este tipo de políticas no funcionan”, dijo Lila Gitesatani, abogada del National Housing Law Project, organización que respaldó la iniciativa promovida por el asambleísta Matt Haney, demócrata de San Francisco.
“Los datos muestran que los requisitos laborales y los límites de tiempo en programas públicos de asistencia social no mejoran los resultados para los beneficiarios”, señaló Gitesatani. “La propuesta de HUD empujaría a más personas, muchas de las cuales ya tienen trabajo pero luchan por llegar a fin de mes, hacia la falta de vivienda”.
Es probable que la ley estatal no impida que HUD implemente las nuevas reglas ni que ejerza presión sobre las agencias locales de vivienda que dependen de fondos federales para que las adopten, advirtió Gitesatani. Esto es relevante no solo en California, donde más de 900,000 personas reciben asistencia federal para vivienda, sino también en estados del Sur, la región de los Apalaches y el Noreste, donde estos programas tienen una presencia proporcionalmente mayor.
Poca evidencia de que los requisitos laborales funcionen
Existe escasa evidencia de que condicionar los beneficios públicos al cumplimiento de requisitos laborales aumente realmente el empleo en una región o estado. De hecho, parte de la información disponible apunta en sentido contrario.
La propuesta de HUD encaja con otras políticas impulsadas por el Congreso controlado por los republicanos bajo el liderazgo de Trump. La más destacada es la reforma a Medicaid, que a partir de 2027 exigirá que los beneficiarios demuestren y documenten sus horas de trabajo y vuelvan a certificar su elegibilidad dos veces al año. En California, Medicaid opera bajo el nombre de Medi-Cal.
“La asistencia para vivienda nunca tuvo la intención de mantener de por vida a personas aptas para trabajar dependiendo del apoyo gubernamental”, declaró el secretario de HUD, Scott Turner, al anunciar los cambios en febrero. “Debe servir como una base temporal para alcanzar la autosuficiencia”.
Sin embargo, la mayoría de quienes reciben ayuda de HUD ya trabajan, siempre que sus condiciones se los permiten. En 2024, el 65% de los hogares no integrados por personas mayores o con discapacidades que recibían vales de vivienda estaban empleados o habían trabajado recientemente, según el Center on Budget and Policy Priorities.
Muchas de estas personas, aun con empleo, no ganan lo suficiente para cubrir los costos de vivienda en los lugares donde viven. Otras tienen horarios irregulares o empleos de tiempo parcial.
Los programas de HUD ayudan a estos hogares mediante vales para pagar renta o mediante viviendas públicas y subsidiadas. Las agencias de vivienda y los operadores privados de estos complejos dependen directamente de la financiación federal.
“Las autoridades de vivienda y otros proveedores interactúan regularmente con HUD y reciben sus recursos de esa agencia”, dijo Gitesatani. “Por eso esperamos que enfrenten una presión política significativa para adoptar los requisitos laborales y los límites de tiempo, incluso aquí en California”.
Temor a presiones federales
La reputación de Trump por castigar a estados que no lo respaldaron políticamente ha sido ampliamente documentada. Un ejemplo reciente fue la reducción de recursos destinados a programas de energía limpia en California y otros estados gobernados por demócratas.
Por ello, aunque la propuesta de HUD solo autoriza estas restricciones y no las exige, defensores de la vivienda consideran ingenuo pensar que las agencias estatales podrán actuar sin presiones.
Muchas podrían sentirse obligadas a hacer lo que creen que la administración Trump desea, precisamente lo que la legislación californiana busca impedir.
Funcionarios de HUD no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Capital & Main.
Newsom aún no define su postura
Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar la medida y hasta ahora no ha expresado públicamente si la apoyará. Su oficina declinó comentar.
El verano pasado, el gobernador criticó duramente el plan republicano para reducir fondos destinados a Medicaid y cupones de alimentos, además de vincular la elegibilidad a requisitos laborales y procesos de recertificación.
Quienes se oponen a la propuesta sostienen que imponer requisitos laborales o límites de tiempo pone en riesgo a las personas más vulnerables. La asistencia de HUD está dirigida precisamente a hogares de muy bajos ingresos, en muchos casos con ingresos equivalentes al 50% o menos de la mediana local.
“Estos recortes perjudican a todos, pero están dirigidos especialmente contra inmigrantes, personas negras, personas de bajos ingresos y personas con discapacidades”, afirmó Gitesatani. “A pesar de que nuestro gobierno tiene los recursos para albergar a las familias, está optando por reducir los fondos de HUD e ignorar soluciones respaldadas por evidencia”.
Una preocupación que va más allá de California
Aunque California es el único estado que ha aprobado una ley para prohibir requisitos laborales y límites de tiempo en programas de HUD, no es el único que cuestiona la propuesta federal.
Un total de 19 estados y el Distrito de Columbia enviaron una carta al secretario Scott Turner en mayo para expresar su oposición a los cambios.
Sin embargo, esos estados no pueden impedir que HUD adopte formalmente las nuevas reglas, ya que la agencia tiene autoridad para hacerlo de manera independiente.
Por ahora, California destaca como la única entidad que ha dado un paso legislativo concreto para bloquear la implementación de estos requisitos y enfrentar de manera preventiva los esfuerzos de la administración Trump por restringir el acceso de inquilinos de bajos ingresos a viviendas subsidiadas por el gobierno federal.
Capital & Main es una publicación sin fines de lucro galardonada por su cobertura de temas económicos, ambientales y sociales en California, incluyendo desigualdad económica, cambio climático, atención médica, amenazas a la democracia, extremismo e inmigración.
