“Quiero que mi familia, mis vecinos y todos los habitantes de esta región puedan respirar con confianza y disfrutar de nuestras playas”.
Con esas palabras, Bridget Premont asumió el nuevo cargo creado por el Condado de San Diego para coordinar la respuesta a la contaminación del río Tijuana, una emergencia ambiental que durante décadas ha afectado la salud pública, las playas y la economía de las comunidades del sur del condado.
Su nombramiento llega en un momento de creciente preocupación para las comunidades fronterizas. A los persistentes cierres de playas y las descargas de aguas residuales que cruzan la frontera se suman nuevas investigaciones científicas que apuntan a posibles impactos en la calidad del aire.
Durante la conferencia de prensa en la que se anunció su designación, la supervisora Paloma Aguirre, exalcaldesa de Imperial Beach y una de las principales impulsoras de una respuesta más agresiva al problema, aseguró que la situación continúa agravándose.
“Siempre ha sido una crisis, pero la escala está empeorando cada día”, afirmó Aguirre.
La funcionaria destacó que la creación de este puesto responde a una necesidad identificada desde hace años por líderes locales: contar con una figura capaz de articular los esfuerzos de múltiples agencias y niveles de gobierno. Cuando la Junta de Supervisores aprobó la creación del cargo, Aguirre sostuvo que los residentes necesitaban “un solo punto de responsabilidad” para enfrentar una emergencia con impactos simultáneos en la salud pública, el medio ambiente y la economía regional.
La tarea no es menor. Implica alinear el trabajo de organismos federales, estatales y locales, además de mantener comunicación con autoridades mexicanas en una cuenca compartida por ambos países.
Un río que conecta a dos países
La cuenca del río Tijuana abarca cerca de 1,750 millas cuadradas a ambos lados de la frontera. Nace en las montañas del norte de Baja California, recoge agua de arroyos y cañones que atraviesan Tecate y Tijuana, cruza hacia Estados Unidos por el Valle del Río Tijuana y desemboca en el estuario del mismo nombre antes de llegar al océano Pacífico, junto a Imperial Beach.
Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), se trata de uno de los principales puntos de ingreso de contaminación transfronteriza hacia California.
Pero lo que llega a la desembocadura no es únicamente agua.
Las corrientes pueden transportar aguas residuales sin tratar, basura, sedimentos contaminados, residuos urbanos de Tijuana, considerada una de las zonas urbanas más pobladas de México, escurrimientos industriales y otros contaminantes arrastrados por sistemas de drenaje deteriorados. La EPA ha señalado entre las causas principales del problema las fallas en infraestructura sanitaria, sistemas de tratamiento insuficientes y el crecimiento acelerado de comunidades a ambos lados de la frontera.
Para quienes viven en Imperial Beach, San Ysidro o Nestor, las consecuencias forman parte de la vida cotidiana: playas cerradas durante largos periodos, olores persistentes y preocupación por los posibles efectos en su salud.
Una preocupación que ya no se limita al agua
Durante años, gran parte de la atención pública se concentró en la contaminación del océano y los cierres de playas.
Sin embargo, investigaciones recientes han ampliado el foco hacia la calidad del aire.
Investigadores de UC San Diego, San Diego State University, UC Riverside y otras instituciones detectaron concentraciones elevadas de sulfuro de hidrógeno, un gas asociado con la descomposición de aguas residuales y responsable del característico olor a huevo podrido que muchos residentes dicen percibir desde hace años. En algunos puntos del Valle del Río Tijuana se registraron concentraciones muy superiores a las normalmente observadas en zonas urbanas.
Los hallazgos, publicados en la revista Science y posteriormente resumidos por UC San Diego aportan evidencia a una preocupación que las comunidades afectadas vienen expresando desde hace años: que la contaminación no permanece únicamente en el agua.
Los investigadores también identificaron cientos de compuestos químicos presentes en la atmósfera sobre el valle y la costa cercana. Los hallazgos coinciden con los reportes de vecinos que desde hace años describen dolores de cabeza, irritación de ojos y garganta y problemas respiratorios durante los episodios más intensos de malos olores.
Especialistas advierten que reducir la situación a las descargas de aguas negras ofrece una visión incompleta del problema.
El informe Tijuana River Valley Water Quality Report 2025, elaborado por San Diego Coastkeeper identificó contaminación persistente por bacterias fecales, pesticidas, metales, compuestos químicos industriales y sustancias PFAS, conocidas popularmente como “químicos eternos” por su resistencia a degradarse en el ambiente.
El mismo estudio documentó la presencia recurrente de contaminantes compatibles con actividades industriales dentro de la cuenca, una señal de que el problema va más allá de las fugas de aguas residuales domésticas.
Por ello, diversos especialistas sostienen que las mejoras en el tratamiento de aguas residuales son necesarias, pero no suficientes. Resolver el problema requerirá inversiones sostenidas en infraestructura, control de múltiples fuentes de contaminación y cooperación binacional durante años.
La diplomática elegida para coordinar la respuesta
La trayectoria de Bridget Premont ayuda a explicar por qué el condado apostó por una diplomática para liderar la nueva oficina.
Recientemente se desempeñó como jefa adjunta de misión de Estados Unidos en Perú, donde supervisó programas diplomáticos y de cooperación internacional. Antes trabajó en la Oficina de Calidad Ambiental del Departamento de Estado, participando en negociaciones relacionadas con temas ambientales y económicos.
Esa experiencia resulta particularmente relevante porque gran parte de las soluciones para el río Tijuana dependen de acuerdos entre instituciones de ambos países, así como de recursos financiados por distintos niveles de gobierno.
Su relación con la problemática fronteriza comenzó mucho antes. Entre 2017 y 2021 fue jefa de asuntos políticos y económicos del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana y también fungió como cónsul general interina en distintos periodos. Durante esos años participó en negociaciones relacionadas con contaminación transfronteriza, infraestructura hídrica y cooperación ambiental entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el condado, parte de ese trabajo contribuyó a asegurar más de 340 millones de dólares en financiamiento para proyectos destinados a reducir la contaminación y mejorar la infraestructura relacionada con las aguas residuales en la región fronteriza.
Durante su presentación, Premont reconoció que no existen soluciones rápidas para un problema acumulado durante décadas, pero afirmó que la coordinación entre instituciones puede acelerar avances que las comunidades han esperado durante años.
Entre sus responsabilidades estarán coordinar agencias federales, estatales y locales; gestionar recursos para proyectos de infraestructura; responder a eventos extraordinarios de contaminación; supervisar mecanismos de transparencia sobre el uso de fondos públicos y mantener campañas de información bilingües dirigidas a las comunidades afectadas.
La presión sobre la nueva oficina será considerable. Un estudio encargado por el Condado de San Diego estimó que la contaminación relacionada con el río genera pérdidas económicas de hasta 503.5 millones de dólares al año. Si el problema persiste, el costo acumulado podría superar los 7,900 millones de dólares en las próximas dos décadas.
Para muchos habitantes del sur del condado, sin embargo, el éxito de cualquier estrategia se medirá de una forma mucho más simple: cuando las playas puedan permanecer abiertas, cuando los malos olores dejen de ser parte de la vida cotidiana y cuando las alertas sanitarias asociadas a la contaminación del río dejen de formar parte de la rutina de miles de familias de la región.
