Los familiares de las tres personas asesinadas durante el tiroteo ocurrido el pasado 18 de mayo en el Centro Islámico de San Diego buscan determinar si existieron señales de alerta previas que pudieron haber advertido sobre el ataque.
Los familiares de Amin Abdullah, Nadir Awad y Mansour Kaziha, quienes perdieron la vida en el tiroteo, han solicitado a un juez de la Corte Superior de San Diego que obligue al Distrito Escolar Unificado de San Diego a entregar registros relacionados con uno de los presuntos responsables.
Según una nueva petición judicial obtenida por Times of San Diego, los abogados de las familias presentaron el 10 de julio una solicitud de registros públicos para acceder a cualquier advertencia, evaluación de amenazas o denuncia que mencionara a Cain Clark, de 17 años, mientras estudiaba en James Madison High School y posteriormente en iHigh Virtual Academy.
Buscan saber si existían antecedentes de radicalización
Los abogados quieren determinar si el distrito escolar o alguna agencia de seguridad tenían conocimiento de opiniones extremistas atribuidas a Clark antes del ataque.
También buscan conocer si funcionarios escolares se comunicaron en algún momento con el Departamento de Policía de San Diego, el FBI u otras agencias del orden para reportar comportamientos considerados inusuales o preocupantes.
Además, solicitaron acceso a los registros intercambiados entre el distrito escolar y las autoridades federales o locales tras el tiroteo.
Distrito escolar rechaza parte de la solicitud
Seis días después de recibir la solicitud, el abogado del Distrito Escolar Unificado de San Diego, Jeffrey Day, rechazó parte de la petición citando preocupaciones relacionadas con la privacidad estudiantil.
Durante el intercambio entre ambas partes, Day propuso modificar la solicitud eliminando cualquier referencia al nombre de Clark y limitando la búsqueda a documentos relacionados específicamente con el “tiroteo en el Centro Islámico de San Diego”.
De acuerdo con el distrito escolar, mencionar directamente a un estudiante activa protecciones legales relacionadas con la confidencialidad de los registros educativos.
Las familias acuden a los tribunales
Ante la negativa del distrito, los abogados de las familias decidieron presentar una petición formal ante la corte.
“Nuestros clientes perdieron a sus seres queridos en el tiroteo del Centro Islámico de San Diego y están pidiendo al tribunal que intervenga porque el Distrito Escolar Unificado de San Diego se ha negado incluso a buscar registros que muestren lo que sabía sobre el atacante, quien era estudiante del distrito”, afirmó el abogado de las familias, Osama Alkhawaja, en una declaración a Times of San Diego.
Un portavoz del distrito escolar, James Canning, informó que la institución no puede comentar sobre el caso debido al litigio en curso.
Continúa la búsqueda de respuestas
La nueva acción judicial se produce mientras familiares de las víctimas y los padres del segundo acusado, Caleb Vazquez, continúan intentando esclarecer cómo ambos jóvenes se radicalizaron presuntamente en internet y lograron obtener armas y municiones.
El pasado 1 de septiembre, Times of San Diego informó que los padres de Vazquez presentaron una demanda contra el proveedor de salud mental encargado del tratamiento de su hijo. La demanda sostiene que la organización no supervisó adecuadamente al joven durante las horas previas al ataque, después de que desapareciera de una residencia de tratamiento en Normal Heights.
Con esta nueva acción legal, las familias esperan obtener información que les ayude a comprender si existieron advertencias previas y qué medidas, si las hubo, tomaron las autoridades escolares antes de la tragedia.
