Una organización dedicada a la transparencia gubernamental amenaza con emprender acciones legales contra la ciudad de San Diego, alegando que funcionarios municipales han retenido indebidamente registros públicos relacionados con el tiroteo policial ocurrido en 2025 que terminó con la vida de Konoa Wilson, un adolescente de 16 años, y que posteriormente derivó en un acuerdo judicial por 30 millones de dólares.
En una carta enviada el 19 de agosto a la fiscal municipal de San Diego, Heather Ferbert, el director legal de la First Amendment Coalition, David Loy, afirmó que la ciudad no ha cumplido con las leyes de California que exigen la divulgación de videos, grabaciones y otros registros relacionados con incidentes críticos que involucran el uso de la fuerza por parte de la policía.
Loy sostuvo que la negativa a divulgar los documentos no solo impide que el público conozca los detalles del caso, sino que también expone a la ciudad a nuevos litigios.
“Escribo para solicitar que la ciudad divulgue los registros solicitados de inmediato con la esperanza de evitar una litigación inminente”, señaló Loy en su carta dirigida a Ferbert.
El caso de Konoa Wilson
La carta fue enviada más de un año y medio después de que el oficial del Departamento de Policía de San Diego Daniel Gold disparara y matara a Wilson el 28 de enero de 2025.
Esa noche, poco antes de las 9 p.m., Wilson estuvo involucrado en un enfrentamiento con otro adolescente cerca de las vías del tren en Santa Fe Depot, en las inmediaciones de Little Italy. Según la información del caso, el otro joven efectuó un disparo y Wilson salió corriendo.
Mientras Wilson salía de un túnel alejándose de los disparos, Gold avanzaba hacia el lugar con su arma desenfundada en dirección al sonido del disparo. Cuando el adolescente emergió del túnel directamente frente al oficial, este abrió fuego. Wilson recibió un impacto de bala y cayó en la calle.
Posteriormente, la ciudad difundió imágenes editadas de la cámara corporal del oficial relacionadas con el incidente.
Los padres de Wilson presentaron una demanda contra la ciudad en junio de 2025.
Meses después, el 9 de diciembre de ese mismo año, el Concejo Municipal de San Diego aprobó en sesión cerrada un acuerdo por 30 millones de dólares para resolver la demanda presentada por la madre y el padre del menor, una de las indemnizaciones por muerte injusta relacionada con actuación policial más elevadas de las que se tenga registro.
Solicitud de registros públicos
En mayo de este año, la First Amendment Coalition presentó una solicitud formal de registros públicos para obtener el video policial sin editar, además de otras grabaciones y documentos relacionados con el tiroteo, argumentando que dichos materiales deben ser divulgados conforme a las leyes estatales de transparencia.
Según Loy, pocos días después la ciudad respondió indicando que todos los registros estaban exentos de divulgación debido a que la investigación seguía en curso y por razones de confidencialidad.
Sin embargo, la organización sostiene que esas excepciones contravienen la legislación estatal.
“Ahora que ha transcurrido más de un año desde el tiroteo, la ciudad no puede seguir retrasando la divulgación a menos que pueda demostrar mediante pruebas claras y convincentes que existe una investigación penal o administrativa activa”, señala la carta.
Exigen transparencia total
En declaraciones a Times of San Diego, Loy afirmó que el público tiene derecho a conocer todos los detalles del caso y que la ciudad está obligada legalmente a hacer públicos los documentos y videos solicitados.
“No importa si una investigación sigue en curso. Existe un calendario que las jurisdicciones deben seguir”, dijo Loy. “El público tiene derecho a conocer la historia completa, no una versión editada de ella”.
Loy agregó que la ciudadanía no solo tiene derecho a conocer las circunstancias del tiroteo que causó la muerte de un adolescente de 16 años, sino también a entender los detalles detrás del acuerdo de 30 millones de dólares y las razones por las que el caso fue resuelto tan rápidamente.
“La población tiene derecho a una transparencia total cada vez que un agente policial utiliza la fuerza o dispara y mata a alguien, y como cuestión social, la muerte de un joven de 16 años merece transparencia absoluta”, añadió.
Posible demanda contra la ciudad
En la carta enviada a la fiscal municipal, la First Amendment Coalition advirtió que la ciudad debe entregar los registros solicitados de inmediato o enfrentará una demanda.
“Por las razones expuestas, asegúrese de que los registros solicitados por la First Amendment Coalition sean divulgados inmediatamente para evitar una posible litigación contra la ciudad”, escribió Loy.
La Oficina de la Fiscal Municipal de San Diego declinó comentar sobre la carta.
