Registros públicos obtenidos por Times of San Diego muestran que los líderes de la ciudad tardaron varios días en enterarse de una falla de facturación que provocó cobros excesivos a más de 43,000 residentes por el servicio de recolección de basura.
El 18 de septiembre, residentes comenzaron a publicar mensajes en la plataforma vecinal Nextdoor después de detectar tarifas de basura más elevadas de lo esperado en sus facturas anuales del impuesto predial.
La periodista independiente Marty Graham vio una de esas publicaciones y revisó su propia factura. Descubrió que se le estaban cobrando 224 dólares más de lo debido.
Al observar la fila de contenedores frente a su casa en Normal Heights, Graham decidió investigar. Anotó el tamaño de los botes de basura y las direcciones de 100 viviendas de su calle. Posteriormente consultó las facturas en el sitio web del tasador del condado y encontró que 34 de las 100 propiedades habían sido cobradas en exceso.
Graham contactó a varios medios de comunicación, incluido Times of San Diego, el sábado 19 de septiembre.
Para la mañana del lunes, empleados municipales ya estaban recibiendo quejas de residentes y consultas de periodistas.
Sin embargo, no fue sino hasta la 1:47 de la tarde del lunes 21 de septiembre cuando la oficina del alcalde tuvo que abordar formalmente el posible problema. A esa hora, Bethany Bezak, quien entonces era directora de desempeño y logística de la administración de Todd Gloria y fue nombrada la semana pasada como nueva directora de operaciones de la ciudad, envió un mensaje de texto al alcalde y a su equipo ejecutivo.
“Estamos recibiendo quejas de residentes y consultas de medios porque los impuestos prediales no coinciden con el nivel de servicio que seleccionaron”, escribió Bezak. “Hasta ahora, esto proviene de residentes que ingresan a sus cuentas en línea. Servicios Ambientales está evaluando la situación para determinar cuántos residentes fueron afectados, entre otros detalles”.
A las 5:47 de la tarde de ese mismo día, Bezak envió otro mensaje a Gloria y a Paola Avila, jefa de gabinete del alcalde, solicitando una reunión para revisar el “problema relacionado con la tarifa de basura”.
“Ah, eso suena a malas noticias”, respondió Avila.
Y así fue.
Aproximadamente 87,000 propietarios recibieron facturas erróneas. De ellos, más de 44,000 fueron cobrados en exceso, algunos por montos de miles de dólares.
El San Diego Union-Tribune dio a conocer públicamente el error durante la tarde del 22 de septiembre.
Al día siguiente, Gloria emitió un comunicado en el que reconoció la existencia de la falla informática y la calificó de “inaceptable”.
Crecen las críticas contra la administración
Las críticas por parte de integrantes del Concejo Municipal comenzaron a acumularse rápidamente, especialmente sobre si Gloria debería continuar desempeñando simultáneamente funciones equivalentes a las de director de operaciones de la ciudad.
“Algo tiene que cambiar de manera drástica y rápida porque la ciudad y sus residentes no pueden permitirse más errores como este”, declaró el concejal Sean Elo-Rivera durante una audiencia de comité celebrada esa misma semana.
Un portavoz del alcalde aseguró que la ciudad trabaja para corregir todas las facturas afectadas y que Gloria planea publicar próximamente un informe detallando las causas del problema y las medidas necesarias para evitar que se repita.
“El alcalde ha sido claro en que este error de facturación fue inaceptable y que los residentes no deben verse obligados a pagar más de la cantidad correcta por su servicio de basura”, señala el comunicado.
El texto agrega que debieron existir mecanismos de control para detectar el error antes de que los montos incorrectos aparecieran en las declaraciones de impuestos prediales.
“Ya se están desarrollando actualizaciones tecnológicas y mejoras en los procesos. Por instrucción del alcalde, se emitirá un informe que detalle qué salió mal y qué medidas son necesarias para evitar que ocurra un error similar en el futuro”.
El comunicado concluye señalando que la prioridad del alcalde sigue siendo garantizar que los residentes afectados reciban información precisa, que sus facturas sean corregidas y que la ciudad implemente las mejoras necesarias.
