Grupos estatales promotores de la vivienda demandaron a SANDAG, acusando a la agencia regional de interpretar erróneamente una ley estatal diseñada para impulsar la construcción de nuevas viviendas cerca de estaciones de transporte público.

Oficinas de SANDAG en Otay Mesa. (Foto de archivo por Ken Stone/Times of San Diego).

La demanda fue presentada por Californians for Homeownership y el California Housing Defense Fund, dos organizaciones vinculadas a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California. La acción legal llega apenas un mes después de que los mismos grupos demandaran a la Ciudad de San Diego por la misma ley, el Proyecto de Ley del Senado 79 (SB 79), que limita la capacidad de los gobiernos locales para restringir proyectos residenciales de gran densidad cerca del transporte público.

Esta nueva disputa judicial se enfoca en cómo SANDAG interpretó la ley al elaborar su mapa regional de desarrollo orientado al tránsito. Según los demandantes, la agencia protegió de los efectos de la ley áreas cercanas a las estaciones ferroviarias de Oceanside y Solana Beach al clasificar incorrectamente el servicio ferroviario que reciben.

La controversia gira en torno a la definición de “trenes de cercanías” y a la manera en que SANDAG contabilizó el número de servicios que operan en ambas estaciones. Esa metodología provocó que el Centro de Tránsito de Oceanside no recibiera el nivel más alto de incentivos de desarrollo previstos por la ley, mientras que la estación de Solana Beach quedó completamente excluida de cualquier ampliación de las zonas de desarrollo.

La decisión fue tomada después de intensos esfuerzos públicos de cabildeo por parte de funcionarios electos de ambas ciudades, quienes expresaron su oposición a la SB 79 y a la posibilidad de que la norma impulsara edificios más altos y densos en sus comunidades.

La ley estatal, firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre pasado y aplicada desde julio de este año, permite construcciones de hasta 95 pies de altura dentro de un radio de media milla de estaciones ferroviarias con servicio frecuente, independientemente de las restricciones de zonificación locales. Las estaciones con menor frecuencia de servicio califican para los mismos incentivos, pero únicamente dentro de un radio de un cuarto de milla.

De acuerdo con el mapa difundido por SANDAG, Oceanside fue incluida en una categoría intermedia reservada para estaciones atendidas por entre 48 y 71 trenes diarios. Sin embargo, los demandantes sostienen que los horarios de Amtrak Surfliner, Metrolink, Coaster y Sprinter muestran que más de 100 trenes utilizan la estación cada día.

SANDAG declinó comentar sobre el caso debido al litigio pendiente. No obstante, la agencia publicó una explicación metodológica en su sitio web. Los demandantes afirman que los documentos no explican con claridad qué trenes fueron excluidos de los cálculos ni las razones para hacerlo.

La demanda también cuestiona la clasificación de la estación Coaster de Solana Beach. Según los grupos de vivienda, los servicios de Surfliner y Coaster superan el umbral de frecuencia exigido por la ley para permitir una mayor densidad residencial.

Antes de que Newsom firmara la SB 79, la alcaldesa de Solana Beach, Lisa Heebner, envió una carta a legisladores estatales argumentando que considerar la estación como una parada de alta frecuencia podría generar presión adicional sobre la infraestructura local. Señaló además que muchos de los usuarios son visitantes que llegan a las playas y al recinto ferial de Del Mar durante eventos especiales.

En Oceanside, el Ayuntamiento aprobó en junio medidas para excluir ciertos terrenos de la aplicación de la ley, según reportó Streetsblog.

La nueva demanda busca invalidar el mapa actual de la SB 79 elaborado por SANDAG. Los demandantes sostienen que la agencia dejó fuera algunas de las ubicaciones de transporte público más concurridas y atractivas para el desarrollo de vivienda de alta densidad, precisamente el objetivo principal de la legislación estatal.

El mes pasado, las mismas organizaciones también presentaron una demanda contra la Ciudad de San Diego, argumentando que la implementación local de la SB 79 ha bloqueado múltiples proyectos residenciales al imponer restricciones relacionadas con la continuidad de banquetas y accesos peatonales hacia estaciones de transporte cercanas.