Uber indujo a error a legisladores de California el año pasado antes de que aprobaran una ley relacionada con seguros, según denuncia un grupo de defensa de los consumidores. La acusación ha llevado a uno de los legisladores involucrados a cuestionar la información que la empresa proporcionó al comité legislativo encargado de revisar la medida.
Mientras la compañía de transporte compartido impulsaba una reducción en la cobertura de seguros obligatoria para automovilistas sin seguro o con cobertura insuficiente, Uber aseguró a los legisladores que la aprobación de la SB 371 beneficiaría a los consumidores porque los costos de los seguros estaban aumentando.
La medida fue aprobada y redujo la responsabilidad financiera de Uber de 1 millón de dólares a 60,000 dólares por persona y 300,000 dólares por incidente en casos relacionados con conductores sin seguro o con seguro insuficiente.
Sin embargo, un informe publicado en mayo por Consumer Watchdog concluyó que la empresa se autoasegura en gran medida, lo que significa que paga primas a una aseguradora subsidiaria propia mientras acumula grandes reservas con ventajas fiscales.
El portavoz de Uber, Zahid Arab, negó que la empresa hubiera engañado a los legisladores durante el proceso legislativo y afirmó que éstos estaban plenamente conscientes de que los requisitos de seguros para las empresas de transporte compartido en California eran excepcionalmente costosos y contribuían al aumento de precios para conductores y pasajeros.
Uber se asegura a sí misma en gran medida
Consumer Watchdog analizó documentos financieros públicos de la compañía y descubrió que su subsidiaria Aleka Insurance cubre cerca del 95% del riesgo asegurador de Uber.
El informe también señala que entre 2023 y 2025 las reservas de seguros de Uber —fondos apartados para cubrir posibles responsabilidades futuras— se duplicaron hasta alcanzar 12,460 millones de dólares.
Según el reporte, al establecer sus propias reservas, Uber tiene influencia directa sobre el costo de sus primas de seguros, ya que la mayoría de esas primas son fijadas por Aleka.
Durante el debate legislativo del año pasado, Ramona Prieto, directora de políticas públicas de Uber, declaró ante legisladores que aproximadamente el 45% de las tarifas de viajes compartidos en el condado de Los Ángeles y cerca del 33% en el resto de California estaba relacionado con exigencias de seguros impuestas por el gobierno.
“Estos costos inflados se trasladan directamente a las personas que dependen de los servicios de transporte compartido para ir al trabajo, la escuela o citas médicas”, dijo Prieto ante el Comité Permanente de Seguros de la Asamblea en julio.
Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog, afirmó que Uber debería responder públicamente a las preguntas planteadas por el informe.
“Me sorprende que hayan omitido mencionar que se autoaseguran”, señaló.
Legislador asegura que el comité no recibió toda la información
El asambleísta demócrata de Chula Vista David Alvarez dijo a CalMatters que desconocía que Uber se autoasegurara en gran medida porque esa información nunca fue revelada al comité.
“Que los niveles de reservas de Uber sean o no apropiados es una cuestión actuarial legítima”, afirmó Alvarez en una declaración enviada por correo electrónico. “Si este comité recibió una descripción precisa sobre el destino del dinero de los seguros de los usuarios antes de votar esta ley es una pregunta distinta y más preocupante”.
La ley incluye requisitos de divulgación y exige estudios sobre sus efectos. Alvarez indicó que espera que futuras investigaciones examinen el papel de las aseguradoras cautivas —empresas de seguros controladas por las mismas corporaciones que aseguran— para que las decisiones políticas futuras se tomen con información completa.
Legisladores evitan pronunciarse
CalMatters solicitó comentarios al senador estatal Christopher Cabaldon, demócrata de Napa y autor de la ley. A través de una portavoz, el senador respondió que no tenía comentarios por el momento.
El medio también contactó a otros siete legisladores que participaron en las discusiones previas a la aprobación de la iniciativa. Algunos no respondieron y ninguno aceptó hablar sobre si conocían el esquema de autoaseguramiento de Uber o si planean formular preguntas a la compañía tras la publicación del informe.
El único despacho legislativo que confirmó haber consultado a Uber sobre el tema fue el de la asambleísta demócrata Mia Bonta. Según su portavoz, la empresa cuestionó la credibilidad del informe de Consumer Watchdog y fue poco transparente en sus respuestas.
Datos de la plataforma CalMatters Digital Democracy muestran que Cabaldon recibió contribuciones de campaña de Uber. Cinco de los ocho legisladores consultados por CalMatters, incluido Alvarez, también recibieron aportaciones de la empresa. Bonta no figura entre ellos.
Sindicatos y defensores del consumidor cuestionan a Uber
La ley impulsada por Cabaldon estuvo vinculada a otra medida que permitió a conductores de plataformas organizarse sindicalmente.
Consumer Watchdog sostiene que Uber también presentó de forma incorrecta el proyecto relacionado con seguros ante organizaciones laborales.
La presidenta de la California Labor Federation, Lorena Gonzalez, expresó escepticismo ante las explicaciones de la compañía.
“¿De verdad alguien está sorprendido de que Uber haya tergiversado la situación? Esa ha sido mi experiencia con ellos durante más de 10 años”, escribió en un correo electrónico.
Gonzalez fue autora de una legislación que amenazaba el modelo de negocios de Uber, lo que llevó a la empresa y otras compañías de la economía gig a promover una iniciativa electoral aprobada en 2020 que les permitió seguir clasificando a sus conductores como contratistas independientes.
Reservas multimillonarias bajo escrutinio
Consumer Watchdog sostiene que los casi 12,500 millones de dólares acumulados por Uber para cubrir responsabilidades de seguros superan ampliamente los montos realmente necesarios.
La organización calcula que la empresa necesitaría entre 4,500 y 5,400 millones de dólares, tomando como base el volumen de viajes realizados y los costos promedio del seguro comercial en California.
Además, señaló que Uber transfirió aproximadamente 4,000 millones de dólares de sus reservas de seguros a efectivo durante los últimos años.
Arab rechazó las conclusiones del informe y afirmó que Consumer Watchdog presenta especulaciones sobre conceptos contables complejos como si fueran hechos comprobados.
También sostuvo que las reservas de seguros de la empresa son estimaciones actuariales destinadas a cubrir posibles pérdidas y gastos relacionados con reclamaciones pendientes.
Una práctica legal, pero poco transparente
Ben Armstrong, actuario de Consumer Watchdog, explicó que Aleka funciona como una aseguradora cautiva, una subsidiaria de propiedad total que permite a Uber administrar internamente sus riesgos, ganancias e inversiones relacionadas con seguros.
Según Armstrong, la falta de transparencia sobre las finanzas de Aleka dificulta conocer con precisión si las reservas acumuladas son razonables.
“Realmente parece que están apartando mucho más dinero del que necesitan”, afirmó.
Documentos corporativos citados por Consumer Watchdog muestran que directivos y miembros del consejo de Aleka son actuales y antiguos ejecutivos de Uber.
No obstante, las grandes empresas que se autoaseguran no son una rareza. Lyft y DoorDash también cuentan con subsidiarias aseguradoras propias. Al cierre del año pasado, Lyft reportó aproximadamente 2,200 millones de dólares en reservas de seguros y DoorDash alrededor de 1,100 millones de dólares.
También enfrenta críticas por otras iniciativas
Los opositores a la ley aseguran que la reducción de cobertura disminuye significativamente la protección para pasajeros y conductores involucrados en accidentes con automovilistas sin seguro o con cobertura insuficiente.
Robert Herrell, director ejecutivo de la Consumer Federation of California y exsubcomisionado estatal de seguros, fue uno de los críticos del proyecto.
“Esta no es una empresa conocida por interactuar con honestidad con la Legislatura de California ni con los votantes”, dijo Herrell. “Durante años su objetivo ha sido reducir costos, y reducir sus obligaciones de seguros forma parte de esa estrategia”.
Uber también impulsa otros esfuerzos para limitar responsabilidades legales. La compañía calificó una iniciativa para la boleta electoral de noviembre que restringiría ciertos honorarios legales y compensaciones médicas derivadas de accidentes automovilísticos en California.
Además, en Washington, D.C., legisladores federales debaten una propuesta respaldada por Uber que limitaría la capacidad de los estados para responsabilizar a empresas de transporte compartido por daños derivados de sus servicios.
Ahorros aún sin demostrar
Uber asegura que los usuarios en California ya están ahorrando millones de dólares gracias a la nueva ley, aunque no presentó evidencia que respalde esa afirmación.
La compañía deberá entregar un informe formal al gobernador y a la Legislatura antes del 1 de febrero de 2027 detallando los ahorros generados por la medida.
Mientras tanto, datos de la firma Gridwise muestran que las tarifas promedio para usuarios de Uber en California durante este año se han mantenido similares o ligeramente superiores a las del año pasado, salvo una leve disminución registrada en mayo.
La ley también exige que el Departamento de Seguros de California y la Comisión de Servicios Públicos realicen un estudio sobre los efectos de la reducción de cobertura. El informe deberá estar concluido antes del 31 de diciembre de 2030.
CalMatters es una organización periodística independiente y sin fines de lucro que informa sobre asuntos públicos en California, analiza problemas que afectan la calidad de vida y exige rendición de cuentas a los líderes del estado.
