En 2020, el presupuesto de la ciudad de San Diego autorizó 11,820 puestos equivalentes a tiempo completo. El presupuesto para el año fiscal 2026 contempla 13,062. Es decir, alrededor de 1,200 puestos adicionales en seis años, mientras la población de la ciudad se mantuvo prácticamente estable.
El presupuesto propuesto por el alcalde para el año fiscal 2027 elimina casi 12 millones de dólares de los 13.8 millones destinados a artes y cultura —un recorte de aproximadamente 85%— además de reducciones en bibliotecas y recreación. Sin embargo, solo elimina alrededor de 290 de los 1,200 puestos agregados desde 2020.
Esto no es lógico ni es buena gobernanza. Comencemos con los números.
Los empleados municipales no solo cuestan su salario. Las prestaciones —pensiones, atención médica y otros costos— añaden aproximadamente entre 50% y 60% al sueldo. Un gerente con un salario de $200,000 le cuesta a la ciudad alrededor de $320,000 una vez considerados todos los gastos. Este ejemplo ilustra los puestos marginales de mayor compensación que impulsan el crecimiento en funciones internas, no al empleado promedio.
Extendamos ese costo en el tiempo. Usemos supuestos conservadores: 20 años de trabajo, 20 años de beneficios de retiro, descontados a una tasa del Tesoro cercana al 5%. Cada uno de estos puestos implica un compromiso de valor presente de aproximadamente 4 a 5 millones de dólares. Multiplicado por los 1,200 puestos adicionales, la obligación a largo plazo se eleva a miles de millones de dólares.
Eso es aritmética, no retórica.
Las finanzas públicas tienen una regla básica: los costos a largo plazo deben financiar beneficios a largo plazo. Las ciudades se endeudan para construir activos duraderos —calles, sistemas de agua, infraestructura de seguridad pública— que sirven a la población durante décadas.
Gran parte del crecimiento de personal desde 2020 no produce ese tipo de activos. Se concentra en funciones internas: gestión, coordinación, cumplimiento normativo y asesoría. Pueden tener algún valor a corto plazo, pero no generan beneficios públicos duraderos que justifiquen una obligación financiera de cuarenta años.
La carga tampoco se distribuye de manera equitativa.
Muchos de estos puestos de mayor compensación pagan salarios de seis cifras, ubicando a quienes los ocupan en los niveles de ingreso más altos del condado de San Diego. Quienes los financian no se encuentran en esos niveles. Son contribuyentes comunes: trabajadores, inquilinos, propietarios de vivienda y pequeños empresarios.
Esto es regresivo. Es una transferencia del centro hacia la cúspide.
El momento deja claro el intercambio. La ciudad recorta bibliotecas, recreación y 85% del presupuesto para las artes —servicios abiertos a toda la población— mientras mantiene casi intacta la expansión del personal de 2020 a 2026. Eso no es un gobierno progresista. Es una extracción regresiva: contribuyentes promedio subsidiando a directivos de alto nivel mientras el Ayuntamiento reduce la biblioteca del barrio.
El costo se extiende a lo largo del tiempo. Estos puestos generan décadas de salarios y pagos de pensiones. La factura no la pagarán solo los residentes actuales, sino también niños que hoy están en la escuela y que, al incorporarse al mercado laboral, ayudarán a financiar decisiones en las que no tuvieron voz.
Ese es el problema generacional.
La ciudad ha asumido un compromiso grande y de largo plazo sin demostrar que el aumento de personal produce beneficios de igual magnitud o duración. Sin esa justificación, el compromiso no supera la prueba básica de unas finanzas públicas sanas.
Eliminar 290 puestos mientras se elimina el 85% del financiamiento a las artes es la decisión equivocada. El enfoque correcto es el nivel base de 2020. Hay que devolver la plantilla municipal a alrededor de 11,800 puestos equivalentes a tiempo completo y reducir primero el personal interno antes de recortar los servicios de cara al público.
Tome nota: las audiencias presupuestales están programadas del 4 al 8 de mayo, y el Concejo Municipal votará a principios de junio.
Van R. Whiting Jr. es director de OneMoney Financial, una firma de asesoría de inversiones registrada en La Jolla. Tiene un doctorado por la Universidad de Harvard.
