En el año fiscal 2021, los equipos de la ciudad de San Diego tardaron un promedio de 144 días en reparar una farola averiada.
Según una auditoría municipal publicada recientemente, en el presente ejercicio fiscal, la reparación tarda 340 días.
Durante esos seis años, la división de alumbrado público del Departamento de Transporte contrató a más trabajadores. La división pagó 1,4 millones de dólares en horas extras el año fiscal pasado, en comparación con los más de 230.000 dólares de seis años antes.
A pesar de las mayores demoras en las reparaciones y el aumento en el gasto por horas extras, los gerentes de departamento no utilizaron las herramientas disponibles para supervisar a los trabajadores y garantizar que el trabajo se completara, según la auditoría.
Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, los auditores municipales examinaron los registros de vehículos y constataron que los vehículos de los trabajadores permanecían estacionados durante varias horas al día, lejos de los lugares de trabajo o de las zonas donde se habían reportado fallas en el alumbrado público. Estas paradas tenían una duración promedio de 2 horas y 25 minutos, sumando un total de casi 200 horas durante los seis meses analizados por la Oficina del Auditor Municipal. Según la auditoría, una de las paradas duró 4 horas y 42 minutos.
La auditoría reveló que los responsables de la división de alumbrado público no abordaron las largas paradas y los períodos de inactividad de los equipos.
El 12 de noviembre, el Comité de Auditoría de San Diego analizó las conclusiones y objeciones del Departamento de Transporte. Los funcionarios del departamento afirmaron que la auditoría se basó en información errónea y que la Oficina del Auditor de la Ciudad no les notificó las presuntas infracciones relacionadas con las tarjetas de registro de horas antes de publicar el informe.
En una respuesta del 14 de octubre, la recién nombrada directora de operaciones, Bethany Bezak, escribió:
“Los responsables del departamento no fueron notificados de las denuncias de fraude realizadas a través de la línea directa hasta junio de 2026, al menos siete meses después de que se presentaran, a pesar de las continuas conversaciones de auditoría que tuvieron lugar durante ese mismo período.”
Bezak también afirmó que los investigadores de la auditoría municipal utilizaron datos de referencia engañosos en el informe.
“La gerencia recomendó utilizar la acumulación de 5.520 reparaciones de principios de 2021 como base de comparación adecuada, en lugar de la de mediados de 2020, porque refleja con mayor precisión el estado de las reparaciones del alumbrado público en 2021 tras un aumento significativo de la acumulación de reparaciones durante un período de vacantes masivas debido a la COVID-19”, escribió Bezak.
Según datos municipales analizados por Times of San Diego, se han registrado 14.306 solicitudes de reparación de alumbrado público en toda la ciudad. El centro de San Diego concentra el mayor número de solicitudes, con 2.525, seguido de los barrios de la península con 1.036, Pacific Beach con 841 y Clairemont Mesa con 597.
En la reunión del Comité de Auditoría del 12 de noviembre, la directora interina de Transporte, Naomi Chávez, dijo que si bien el departamento abordará las conclusiones de la auditoría, los gerentes deben familiarizarse con múltiples programas de datos de la ciudad.
El retraso en la reparación del alumbrado público aumentó tras la decisión tomada en febrero de 2025 de que los electricistas del departamento se centraran en las solicitudes de los residentes y los equipos de construcción que buscaban localizar servicios subterráneos, también conocidos como alertas de excavación (DigAlerts).
“Recibimos alrededor de 6,000 alertas de excavación al mes, y los electricistas acuden a atender el 43% de esas ubicaciones”, dijo Chávez tras la presentación del auditor municipal. “Quedó claro que simplemente no estábamos dando abasto con la demanda de alertas de excavación, lo que exponía a la ciudad a una responsabilidad potencialmente significativa”.
Tras las declaraciones de Chávez, representantes de los sindicatos que representan a los empleados municipales criticaron a la Oficina del Auditor Municipal por no haber notificado a los sindicatos sobre las presuntas infracciones relacionadas con el registro de horas trabajadas antes de publicar el informe.
Posteriormente, Stewart Halpern, miembro del Comité de Auditoría, preguntó al auditor municipal Andy Hanau por qué su oficina no había notificado al departamento ni a los sindicatos antes de publicar el informe.
“Es nuestra prerrogativa según los estatutos de la ciudad y la ley estatal”, dijo Hanau. “En este caso, ha habido 18 denuncias previas a través de la línea directa sobre problemas similares en el transporte”.
Hanau añadió: “El departamento nunca analizó ningún patrón más general”.