Funcionarios del condado de San Diego expresaron su preocupación el martes tras la muerte de un migrante detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa, un incidente que, según activistas de derechos civiles y críticos del sistema migratorio, forma parte de una tendencia alarmante de fallecimientos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Poco después de las 11:30 de la mañana del sábado, un miembro del personal de la instalación del Departamento de Seguridad Nacional encontró a una persona detenida sin respuesta en su área asignada de alojamiento y activó una emergencia médica, de acuerdo con un comunicado emitido por CoreCivic, la empresa privada que opera el centro ubicado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según la compañía, el personal médico acudió rápidamente, inició maniobras de reanimación y solicitó servicios médicos de emergencia.
“El personal médico respondió de inmediato, comenzó las medidas para salvar la vida y llamó a los servicios de emergencia”, señaló la empresa. “Los paramédicos continuaron los esfuerzos, pero la persona fue declarada muerta antes de ser trasladada fuera de la instalación”.
CoreCivic no divulgó más información sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias de su muerte.
“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de cualquier persona bajo nuestro cuidado”, indicó la empresa con sede en Tennessee, agregando que sus socios gubernamentales de ICE fueron notificados de inmediato.
La agencia federal no respondió a una solicitud de comentarios.
Supervisores exigen transparencia
Durante una conferencia de prensa celebrada el martes, las supervisoras del condado Paloma Aguirre y Terra Lawson-Remer pidieron a la administración del presidente Donald Trump y a CoreCivic que cooperen plenamente con los investigadores del condado y permitan que continúen las inspecciones sanitarias en el centro de detención.
“A principios de este año llevamos a ICE ante un tribunal federal por impedir inspecciones de salud pública en medio de reportes preocupantes de condiciones inseguras en Otay Mesa”, afirmó Lawson-Remer. “Ahora una persona ha muerto dentro de esa instalación. Cuando el gobierno federal ignora el debido proceso y bloquea el trabajo de inspectores independientes, no podemos mirar hacia otro lado. Necesitamos respuestas, rendición de cuentas y la capacidad de proteger la salud y la seguridad de todas las personas retenidas allí”.
Aguirre señaló que la demanda presentada por el condado no obedecía a motivaciones políticas.
“No fue un ejercicio político; fue una medida necesaria para proteger vidas humanas”, sostuvo. “Garantizar derechos humanos básicos, supervisión médica y condiciones seguras dentro de nuestras fronteras no es negociable. ICE y CoreCivic deben rendir cuentas por estas fallas antes de que otra familia tenga que soportar un dolor semejante”.
La Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego realizó una autopsia el lunes. Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido divulgada.
Exigen registros, videos y expedientes médicos
Las supervisoras informaron además que enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella, solicitando una serie de medidas inmediatas.
Entre las peticiones destacan la cooperación total con la investigación del médico forense, la preservación de todos los registros relacionados con el fallecimiento, la entrega de un cronograma detallado de la atención médica recibida por el detenido desde su ingreso hasta su muerte y el acceso continuo para que las autoridades sanitarias del condado realicen inspecciones.
También solicitaron información sobre medidas correctivas implementadas después de una inspección realizada en junio y la confirmación de que el consulado correspondiente haya sido notificado si la víctima era ciudadana de otro país.
Antecedentes de problemas sanitarios
El conflicto entre el condado y las autoridades federales no es nuevo.
Después de que ICE negara el acceso de los supervisores a la instalación, el condado presentó una demanda y obtuvo una orden judicial federal que permitió una inspección en junio.
Esa revisión identificó presuntas irregularidades, entre ellas retrasos en la notificación de casos sospechosos de tuberculosis, falta de vacunas disponibles y demoras en la entrega de equipos médicos prescritos para los detenidos.
En septiembre, el condado emitió una nueva notificación de incumplimiento tras detectar que un posible caso de tuberculosis habría permanecido sin reportarse durante aproximadamente tres semanas.
Actualmente, el funcionario de salud pública del condado analiza medidas adicionales de supervisión, incluidas nuevas inspecciones. Mientras tanto, el litigio sobre la autoridad del condado para continuar inspeccionando la instalación sigue sin resolverse y las partes tienen previsto reunirse nuevamente esta semana.
Aguirre y Lawson-Remer solicitaron una respuesta formal de las autoridades federales antes del 10 de noviembre.
Crece la preocupación por las muertes bajo custodia migratoria
Aunque las cifras exactas continúan siendo objeto de debate, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aseguró el mes pasado que al menos 57 personas han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, más del doble de las registradas durante los cuatro años previos combinados.
Un informe publicado en junio por Human Rights Watch concluyó que la tasa de mortalidad de las personas detenidas por ICE había alcanzado su nivel más alto en más de una década, duplicándose desde el inicio del actual mandato presidencial.
El informe también señaló que la tasa de fallecimientos era casi cuatro veces superior a la registrada durante la administración Biden y más de dos veces y media mayor que la observada durante el primer mandato de Trump.
“Se necesitan medidas urgentes para abordar esta crisis y evitar nuevas muertes”, concluyó la organización.
