Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters. Puede leerse en inglés aquí y puede suscribirse a sus boletines aquí.
Un grupo nacional que niega la legitimidad de las elecciones y que tiene antecedentes de canalizar grandes cantidades del dinero de sus donantes hacia los bolsillos de sus dirigentes.
Un bufete jurídico que alguna vez admitió haber acusado falsamente a miles de votantes de no ser ciudadanos estadounidenses.
Un autoproclamado defensor de la integridad electoral que recauda fondos apoyándose en afirmaciones desacreditadas que circulan en medios conservadores.
Estos grupos, entre otros, han presentado decenas de solicitudes de registros públicos a funcionarios electorales de California en vísperas de las elecciones de noviembre.
Mientras dirigentes del Partido Republicano continúan haciendo acusaciones falsas y sin pruebas sobre las elecciones en California y el resto del país, CalMatters recopiló registros de solicitudes de información pública provenientes de oficinas electorales de 13 condados para conocer mejor quiénes están solicitando esos documentos y con qué propósito.
Según la legislación de acceso a la información pública en California, cualquier persona tiene derecho a solicitar documentos gubernamentales. Sin embargo, activistas que promueven teorías de fraude electoral tienen un historial documentado de utilizar información obtenida de organismos públicos para dar apariencia de credibilidad a afirmaciones desacreditadas sobre supuestas irregularidades electorales.
Y algunas agencias policiales los están tomando en serio.
A principios de este año, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside se basó en hallazgos cuestionables de un grupo activista cuando confiscó 650,000 boletas de las elecciones de noviembre pasado. Además, agentes del FBI visitaron recientemente el condado de Shasta para inspeccionar boletas de las primarias de junio. Ambos casos alimentan las preocupaciones de que organismos encargados de hacer cumplir la ley puedan interferir en los procesos electorales de California.
Otros grupos que han solicitado registros públicos a autoridades electorales californianas tienen antecedentes de difundir información falsa y utilizarla para beneficiarse económicamente con escasa supervisión regulatoria.
“Siempre hay un botón para donar. Siempre hay un boletín que dice ‘dona’”.
– David Becker, director ejecutivo de The Center for Election Innovation & Research
Siempre viene acompañado de una petición para donar”, dijo David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation & Research, una organización sin fines de lucro cuya misión es restaurar la confianza en el sistema electoral estadounidense. “Siempre hay un botón de donación. Siempre hay un boletín que dice ‘dona’. Están tratando de convencerte de que les des 25 dólares de tu cheque del Seguro Social cada vez que te envían el boletín”.
Becker calificó el fenómeno como una “economía de la estafa”.
Tras las elecciones presidenciales de 2016, por ejemplo, True the Vote aseguró tener pruebas de la existencia de tres millones de votos ilegales. Lanzó una campaña de recaudación de fondos afirmando que necesitaba un millón de dólares para verificar sus datos antes de divulgar la evidencia. Según una investigación de Reveal, basada en documentos judiciales y registros fiscales, la organización nunca presentó dichas pruebas.
De manera similar, después de las elecciones presidenciales de 2020, el mismo grupo recibió 2.5 millones de dólares de un único donante tras asegurar que poseía evidencia de fraude electoral y una estrategia legal para demostrarlo. Según Reveal, gran parte de esos fondos terminó en manos de la fundadora Catherine Engelbrecht, una empresa vinculada a un miembro histórico de su junta directiva y un abogado del grupo.
A principios de este año, CalMatters solicitó registros de acceso público a registradores electorales de diversos condados de California para determinar qué grupos activistas estaban realizando solicitudes y qué tipo de información buscaban.
Los documentos muestran que Engelbrecht y otros integrantes de True the Vote presentaron solicitudes en al menos los condados de Fresno, Orange, Riverside y Sacramento.
La portavoz de True the Vote, Megan Denning, afirmó que el objetivo es “documentar directamente de los funcionarios electorales cómo están respondiendo las jurisdicciones y qué medidas, si las hay, están tomando” en relación con una de las órdenes ejecutivas electorales emitidas por el presidente Donald Trump, varias de cuyas disposiciones han sido bloqueadas por los tribunales por considerarlas inconstitucionales.
Denning indicó por correo electrónico que True the Vote ha presentado unas 250 solicitudes similares en todo el país.
“Independientemente de la perspectiva política, los estadounidenses deberían poder coincidir en la importancia de la transparencia en los procesos gubernamentales, incluidas las respuestas de los estados y gobiernos locales a las órdenes ejecutivas, especialmente aquellas relacionadas con nuestras elecciones”, escribió.
Ningún representante de True the Vote respondió a solicitudes de entrevista adicionales.
La organización publica los documentos obtenidos en su sitio web y anima a sus seguidores a emprender “acciones sobre el terreno en sus estados”.
El objetivo: llevar la información ante Trump
En un pódcast el mes pasado, Engelbrecht y su invitado, el registrador electoral del condado de Shasta, Clint Curtis, insinuaron cuál podría ser el objetivo final de este movimiento.
“Si esto realmente llega al presidente, podrá hacer cambios significativos”, dijo Curtis en el programa, aunque no aclaró a qué cambios se refería. “Y todavía hay tiempo para hacerlo, incluso antes de esta elección”.
Agentes del FBI y otros funcionarios federales visitaron la oficina electoral de Curtis en septiembre e inspeccionaron boletas luego de que el registrador, conocido por promover teorías de fraude electoral, afirmara que las primarias de junio podrían haber sido fraudulentas.
Curtis declaró a periodistas que las boletas “se veían, se sentían y olían extraño”, algo que, según él, podría ser prueba de que un grupo malicioso introdujo papeletas falsas en los buzones de votación. Curtis también asesoró al grupo activista que impulsó las confiscaciones de boletas llevadas a cabo este año por el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco.
Engelbrecht coincidió con Curtis en que el momento para actuar es ahora.
“Pase lo que pase, cualquiera sea el nivel de caos que provoque, que ocurra hoy”, afirmó durante el programa. “Es mejor que mañana. Hagámoslo de una vez”.
Grupo con vínculos con Trump busca registros
La Public Interest Legal Foundation, que se define como una organización jurídica sin fines de lucro y no partidista dedicada a la integridad electoral, también ha solicitado información en California.
Trump nombró a su presidente, J. Christian Adams, para integrar la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, y anteriormente formó parte del equipo de integridad electoral del presidente.
La expresidenta de la junta directiva de la fundación, Cleta Mitchell, participó en la llamada telefónica en la que Trump presionó al secretario de Estado de Georgia para encontrar los votos necesarios para revertir el resultado de las elecciones de 2020.
En 2019, la fundación resolvió una demanda y admitió haber acusado falsamente a miles de votantes legales de Virginia de formar parte de una supuesta “invasión extranjera” de votantes no ciudadanos. Las acusaciones se basaban en registros públicos obtenidos por la organización y posteriormente difundidos públicamente.
Como parte del acuerdo
Como parte del acuerdo judicial, Adams aceptó emitir una disculpa y la fundación se comprometió a ocultar información personal antes de volver a compartir registros públicamente.
Siete años después, su director de investigación, Logan Churchwell, ha solicitado información en los 58 condados de California relacionada con personal electoral, incluidos organigramas, descripciones de puestos, currículos y documentos de personas que solicitaron empleo pero no fueron contratadas.
En una entrevista con CalMatters, Churchwell dijo que la organización está realizando una investigación rutinaria sobre las cualificaciones de los trabajadores electorales “para ver si había algún patrón que pudiera identificarse”.
“Parte de la misión de nuestra organización es publicar registros públicos sobre toda clase de temas relacionados con las elecciones, de modo que cuando se nos invite a testificar en Sacramento, Washington o cualquier otro lugar como expertos en la materia, podamos responder una amplia variedad de preguntas más allá de: ‘¿Qué creen que ocurrió en 2020?’”, afirmó.
Churchwell también defendió la decisión de la fundación de publicar los registros de Virginia. Según dijo, los funcionarios electorales de ese estado habían clasificado erróneamente a esos votantes como no ciudadanos, un ejemplo de mala administración de registros que, asegura, su organización encuentra de forma recurrente.
Añadió que la fundación no es un grupo negacionista electoral, que “nunca ha cuestionado el resultado de una elección” y que no recauda fondos utilizando afirmaciones falsas como sí hacen otras organizaciones.
“Ellos buscan grandes conspiraciones y pruebas irrefutables”, dijo Churchwell. “Y hay personas dispuestas a recaudar dinero aprovechándose de esa mentalidad, y eso es realmente lamentable”.
Escépticos electorales locales buscan pruebas de fraude
Activistas locales menos conocidos también están solicitando registros públicos con la intención de encontrar pruebas que respalden sus creencias, no demostradas, de que las elecciones en California están corrompidas.
Algunos ya han conseguido captar la atención de una figura clave alineada con el movimiento MAGA: el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco.
Uno de los integrantes de New California State, un movimiento que busca separar una parte de California para convertirla en el estado número 51 del país, presionó a Bianco en privado para que investigara denuncias de fraude electoral en Riverside, según reportó CalMatters.
Solicitudes de registros en múltiples condados
Integrantes de New California State solicitaron una amplia gama de documentos en diferentes condados de California, incluidos registros de boletas, comunicaciones internas, documentos relacionados con máquinas de votación y cifras de registro electoral.
El líder del grupo, Robert Paul Preston, aseguró brevemente por teléfono que han encontrado “fraude electoral masivo en los 58 condados”, aunque no ofreció detalles ni evidencia para respaldar esa afirmación.
Una de las integrantes del grupo, Darcia Stebbens, es activista y conductora de programas conservadores de radio en el condado de San Luis Obispo, donde con frecuencia realiza declaraciones sobre fraude electoral sin aportar pruebas.
Desde 2022, Stebbens ha presentado cerca de 50 solicitudes de registros electorales en ese condado. Entre los documentos solicitados figuran boletas duplicadas, conteos de votos, grabaciones en video y reportes disciplinarios sobre empleados electorales.
Stebbens aclaró que no hablaba en representación de New California State y sostuvo que simplemente ejerce su derecho como ciudadana a acceder a registros públicos.
Según ella, los documentos obtenidos la llevaron a concluir que los resultados electorales de California no son precisos y que el voto por correo no es confiable.
La contadora afirmó no tener motivaciones económicas y señaló que incluso ha gastado miles de dólares financiando recuentos electorales en el condado de San Luis Obispo.
“Le aseguro que no he ganado dinero con esto”, dijo.
El grupo vinculado a las incautaciones de boletas
Miembros del Riverside Election Integrity Team, el grupo que impulsó las incautaciones de boletas ordenadas por el sheriff Bianco, también presentaron al menos 30 solicitudes de registros públicos ante la oficina electoral del condado de Riverside desde 2025.
Su portavoz, Greg Langworthy, afirmó que el objetivo del grupo es garantizar que las elecciones en Riverside se desarrollen correctamente.
Dijo que continuarán solicitando documentos para realizar revisiones independientes de los procesos electorales.
A diferencia de otras organizaciones mencionadas en este reportaje, indicó que el sitio web del grupo no tiene un botón de donaciones y que no realizan actividades de recaudación de fondos.
El registrador electoral del condado de Riverside, Art Tinoco, rechazó una solicitud de entrevista.
Transparencia frente a desinformación
Algunos legisladores podrían sentirse tentados a responder a la difusión de desinformación electoral dificultando el acceso público a documentos gubernamentales, algo que en repetidas ocasiones han intentado hacer.
Ginny LaRoe, de la First Amendment Coalition, considera que sería un error.
“Creo que sería peligroso que los legisladores de California limitaran aún más el acceso público a la información en un momento en que la desinformación está floreciendo”, dijo. “Es precisamente cuando necesitamos más transparencia y mayor acceso a los registros públicos”.
Historial de afirmaciones sin pruebas de un influencer
Shiloh Marx ha construido una marca política utilizando información de padrones electorales para acusar a los demócratas de manipular elecciones.
Difunde estas afirmaciones en redes sociales y recauda fondos apelando a ellas. Además, ha presentado solicitudes de documentos electorales en distintos puntos de California.
Marx es hijo del influencer cristiano y autor Victor Marx, actual candidato republicano a gobernador de Colorado.
Victor Marx tiene un historial de afirmaciones extraordinarias, entre ellas que su padrastro le ordenó matar a un hombre cuando tenía siete años y que dirigió operaciones de rescate tipo comando que salvaron a miles de personas cautivas. Según diversos reportes, nunca ha presentado pruebas que respalden esas historias.
Shiloh Marx y la narrativa del fraude electoral
Shiloh Marx, quien figura como consultor remunerado de la campaña de su padre a la gubernatura de Colorado, registró este año una organización sin fines de lucro llamada Integrity First Alliance. Marx rechazó una solicitud de entrevista.
Rápidamente acumuló más de 44,000 seguidores en X difundiendo un flujo constante de información engañosa, a menudo relacionada con la cantidad de votantes inactivos o registros duplicados en los padrones electorales estatales, incluidos los de California.
En entrevistas con figuras destacadas de los medios conservadores de California, Marx ha sostenido que sospecha que esos registros son una de las formas en que políticos demócratas manipulan resultados electorales.
El año pasado, el entonces candidato republicano a gobernador Steve Hilton invitó a Marx a su pódcast. Hilton, respaldado por Trump, afirmó que Marx llamó su atención gracias a “estas increíbles actualizaciones sobre la limpieza de los padrones electorales en California”.
Hilton no respondió a una solicitud de entrevista.
Según Marx, los demócratas “han estado utilizando votantes inactivos para manipular, influir o, en esencia, alterar el ecosistema electoral de California”.
En el programa de radio del exaspirante republicano a gobernador Larry Elder, Marx fue aún más directo cuando Elder le preguntó por qué los demócratas se oponen a sus esfuerzos.
“Es la forma en que han manipulado elecciones durante 30 años”, afirmó.
Lo que dicen los funcionarios electorales
Las autoridades electorales de California señalan que los votantes catalogados como inactivos, es decir, aquellos cuya correspondencia fue devuelta o de quienes se sospecha que se mudaron, no reciben automáticamente boletas electorales.
Eso significa que no pueden votar simplemente apareciendo en un registro.
“Si un votante está en la lista de inactivos, la única forma en que puede votar es presentándose en nuestra oficina, en un centro de votación o en un lugar de votación, identificarse y actualizar su registro para poder recibir una boleta”, explicó Bob Page, registrador electoral del condado de Orange.
En otras palabras, las autoridades verifican la información de esos votantes antes de entregarles una papeleta.
Además, los votantes inactivos no están regresando masivamente a las urnas.
De los 9.4 millones de californianos que votaron en las elecciones primarias de junio, apenas unos 10,000 correspondían a votantes clasificados previamente como inactivos que completaron los requisitos necesarios para recuperar su elegibilidad, según cifras de la Secretaría de Estado de California.
Marx también ha promovido afirmaciones desacreditadas sobre supuestos votantes duplicados que estarían alterando resultados electorales en Arizona y Carolina del Norte.
Sus declaraciones son similares a las de otros grupos conservadores que utilizan listas públicas de votantes no elegibles para sostener acusaciones de fraude electoral generalizado.
Becker, el experto electoral citado anteriormente, considera que quienes impulsan estas teorías suelen encajar en una de dos categorías:
“O son ignorantes respecto a cómo funciona la política electoral, o son actores de mala fe que saben que están vendiendo mentiras para obtener beneficios”.
Demandas y recaudación de fondos
Durante el año pasado, Marx presentó al menos cinco demandas contra distintos condados de California.
También aprovechó la publicidad generada por esos litigios para recaudar fondos.
“Estoy presentando una demanda para obligar al condado de San Luis Obispo a entregar registros electorales. Si desean contribuir a la limpieza de los padrones de California, el enlace está abajo”, publicó en X en referencia a una demanda que tuvo corta duración contra dicho condado.
Las afirmaciones de Marx circulan ampliamente dentro del ecosistema político alineado con MAGA.
Victor Marx compartió el video de la entrevista de su hijo con Larry Elder ante sus 680,000 seguidores de Instagram. También publicó una campaña de recaudación en Facebook después de que Elon Musk compartiera una publicación de Shiloh Marx con los cientos de millones de seguidores de su cuenta en X.
“¿Podemos contar con tu contribución hoy para seguir financiando investigaciones que expongan irregularidades en la votación de cara a 2026?”, preguntó Victor Marx a sus seguidores en Facebook.
Supervisión limitada y protección constitucional
Diversas agencias estatales y federales supervisan a las organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos. Sin embargo, expertos afirman que pocas son objeto de investigaciones.
Además, el discurso político goza de una protección especialmente amplia bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que dificulta actuar cuando grupos difunden afirmaciones falsas mientras recaudan fondos.
Los tribunales suelen mostrarse reacios a respaldar leyes que conviertan al gobierno en árbitro oficial de la verdad política, explicó Laurie Styron, directora ejecutiva de CharityWatch.
“En teoría, el código electoral de California restringe la distribución consciente de comunicaciones materialmente engañosas”, señaló por correo electrónico. “En la práctica, cuando la justicia finalmente prevalece, si alguna vez lo hace, el daño normalmente ya está hecho”.
Las consecuencias para los funcionarios electorales
Stephen Richer, exfuncionario electoral republicano del condado de Maricopa, Arizona, conoce de primera mano los efectos que estas campañas pueden tener sobre la confianza pública y los trabajadores electorales.
Maricopa fue uno de los condados donde Trump aseguró, sin aportar pruebas, que los demócratas le habían robado las elecciones de 2020.
“Veíamos esto constantemente en Arizona”, recordó Richer. “Personas solicitando videos, registros, fotocopias de documentos, y luego presentándolos sin contexto o sin entender realmente lo que mostraban. A veces de forma intencional; otras, no”.
Richer recibió amenazas de muerte luego de que activistas difundieran en redes sociales la supuesta “evidencia” de fraude que afirmaban haber encontrado.
“Si a estas alturas les estás dando dinero o tiempo a estas personas, eres un objetivo”, dijo. “Lo siento, pero eres un objetivo”.
Créditos
Los periodistas de CalMatters Robert Lewis y Deborah Brennan contribuyeron a este reportaje.
CalMatters es una organización periodística independiente y sin fines de lucro que produce reportajes para los californianos, investiga problemas que afectan la calidad de vida, explica temas complejos y explora posibles soluciones, al tiempo que exige rendición de cuentas a los líderes públicos.
