Este artículo apareció originalmente en Inside Climate News, una organización periodística sin fines de lucro y apartidista que cubre temas de clima, energía y medio ambiente. Puede suscribirse a su boletín informativo aquí.
Trabajadores agrícolas, familiares y defensores comunitarios abarrotaron una audiencia legislativa estatal la semana pasada para exigir que los reguladores de pesticidas rindan cuentas por lo que consideran una incapacidad para proteger a las comunidades de sustancias químicas potencialmente mortales.
Durante la audiencia, varias mujeres relataron haber sido rociadas mientras trabajaban junto a campos fumigados por avionetas agrícolas y describieron cómo compañeros de trabajo quedaron expuestos a nubes de pesticidas arrastradas por el viento. También hablaron de enfermedades como asma y padecimientos hepáticos, además de familiares que desarrollaron cáncer.
Otras personas denunciaron exposiciones durante el embarazo y señalaron casos de niños nacidos prematuramente o con defectos congénitos, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) u otros problemas del desarrollo neurológico. Un tema común dominó los testimonios: el sistema regulador de pesticidas de California está fallando.
Químicos prohibidos en otros países siguen utilizándose
Según los críticos, los reguladores californianos continúan permitiendo el uso de casi tres decenas de sustancias químicas que ya no están autorizadas en numerosos países debido a preocupaciones de salud pública. Entre ellas figura el cloropicrina, un fumigante cuya reevaluación por parte del estado comenzó en 2001 y sigue sin concluir.
El cloropicrina fue utilizado como agente químico durante la Primera Guerra Mundial y actualmente está prohibido en más de 40 países. Sin embargo, una investigación citada en la audiencia vinculó su uso agrícola con más de 1,000 enfermedades relacionadas con pesticidas registradas en California entre 2000 y 2015.
Datos estatales muestran que los agricultores de California aplicaron más de 49 millones de libras de sustancias prohibidas en otros países durante 2023. Esa cifra incluyó más de 8.5 millones de libras de cloropicrina y más de 7 millones de libras de 1,3-dicloropropeno, otro fumigante asociado con riesgos de cáncer y prohibido en decenas de naciones.
Legisladores cuestionan el sistema
El asambleísta Damon Connolly, presidente del Comité de Seguridad Ambiental y Materiales Tóxicos de la Asamblea estatal, encabezó la audiencia conjunta con el Comité de Calidad Ambiental del Senado para revisar el desempeño del Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR, por sus siglas en inglés).
Connolly señaló que han transcurrido dos años desde la aprobación de la Ley AB 2113, que aumentó el financiamiento del departamento y buscó acelerar la adopción de productos más seguros y prácticas sostenibles de manejo de plagas. También destacó que hacía casi una década que no se realizaba una audiencia de supervisión similar.
Comunidades latinas e indígenas soportan la mayor carga
Especialistas y residentes de regiones agrícolas sostuvieron que la agencia rara vez retira del mercado los pesticidas más peligrosos porque gran parte de su presupuesto proviene de tarifas vinculadas a las ventas de esos productos. Según los participantes, esta estructura crea un conflicto de interés que afecta especialmente a comunidades agrícolas predominantemente latinas e indígenas.
Los testimonios también destacaron las desigualdades en salud. Ana María Mora, médica y epidemióloga ambiental, presentó hallazgos derivados del estudio CHAMACOS, realizado en el Valle de Salinas, donde se detectaron residuos de pesticidas en la totalidad de las mujeres embarazadas evaluadas, así como en la gran mayoría de muestras de leche materna y polvo doméstico.
La investigación encontró asociaciones entre la exposición prenatal a pesticidas y problemas posteriores en los hijos, incluyendo menor capacidad de memoria de trabajo, más rasgos relacionados con el autismo, peor función pulmonar y señales tempranas de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
Según Jacob Sandoval, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), los residentes de los condados californianos con mayoría latina tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir enfermedades agudas relacionadas con pesticidas que quienes viven en condados con menor población latina.
La industria defiende el proceso regulatorio
Representantes de fabricantes de pesticidas, asociaciones agrícolas y empresas de control de plagas también participaron en la audiencia. Argumentaron que las revisiones regulatorias adicionales exigidas por California pueden retrasar durante años la introducción de herramientas más modernas y específicas, colocando a agricultores y empresas del estado en desventaja competitiva frente a otras entidades del país.
No obstante, organizaciones comunitarias insistieron en que el Estado debe acelerar la eliminación de los químicos más peligrosos y adoptar alternativas más seguras. Varios expertos señalaron además la necesidad de evaluar los efectos acumulativos de múltiples pesticidas en lugar de analizar cada sustancia de manera aislada.
Crece la presión sobre los reguladores
La directora del Departamento de Regulación de Pesticidas, Karen Morrison, afirmó que comprende las preocupaciones expresadas por las comunidades y sostuvo que la agencia trabaja para proteger la salud humana y el medio ambiente. También indicó que las inversiones autorizadas por la ley AB 2113 permitirán mejorar la transparencia y agilizar los procesos regulatorios.
Sin embargo, críticos argumentaron que esa transparencia sigue siendo insuficiente porque las familias aún no reciben información precisa sobre dónde se aplicarán pesticidas peligrosos cerca de viviendas, escuelas o parques.
El activista Ángel García, de Californians for Pesticide Reform, pidió modificar los incentivos financieros del sistema mediante tarifas más altas para los pesticidas más tóxicos y reformas que eliminen posibles conflictos de interés en la asesoría sobre control de plagas.
Antes de la audiencia, la histórica líder campesina Dolores Huerta respaldó los llamados para eliminar pesticidas asociados con el cáncer y otras enfermedades graves. “Deshagámonos de algunos de estos pesticidas venenosos. Nuestra gente está muriendo”, declaró.
