Jocelyn Ahlers estaba de pie en un pasillo del edificio federal de San Diego la semana pasada, observando a personas entrar y salir de salas judiciales, cuando varios agentes con chalecos del DHS Police se acercaron y le entregaron una multa de 280 dólares. El motivo oficial: “incumplimiento”. Según Ahlers, los agentes le dijeron que “no podía estar allí” y que estaba “deambulando”.
Para activistas locales, las sanciones eran solo cuestión de tiempo. En noviembre entraron en vigor nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional que restringen la presencia del público en edificios federales, limitan la grabación de video y obligan a seguir estrictas señalizaciones. Desde el verano pasado, voluntarios se habían instalado en los pasillos para documentar arrestos de ICE, tomar notas y acompañar a migrantes temerosos de ser detenidos después de audiencias o citas rutinarias.
El jueves, cuatro voluntarios recibieron infracciones y un sacerdote de la parroquia Our Lady of Guadalupe fue expulsado. El viernes, otros dos activistas fueron sancionados. El DHS no respondió a preguntas sobre las razones de estas acciones ni si se esperan más.
Las medidas se dan en medio de un clima de creciente confrontación entre ICE y observadores ciudadanos a nivel nacional. En el último año, agentes federales han bloqueado el acceso de activistas a cortes públicas en varias ciudades y han empleado gas lacrimógeno, fuerza física y vigilancia tecnológica. En Minneapolis, dos observadores murieron después de que agentes federales dispararan contra ellos durante operativos.
Voluntarios en San Diego también denuncian que agentes tomaron fotos de quienes estaban en los pasillos y les advirtieron que serían ingresados “en la base de datos”. Aunque ICE ha negado públicamente la existencia de un registro de ciudadanos, funcionarios federales han impulsado la creación de listados de personas detenidas en protestas contra la agencia.
El edificio federal luce ahora casi vacío, una escena inusual para grupos como Detention Resistance y FAITH, acostumbrados a acompañar a migrantes en momentos de alta vulnerabilidad. El padre Hung Nguyen aseguró que la nueva regla de “no deambular” fue impuesta “de la noche a la mañana y sin aviso”.
Ahlers y otros voluntarios evalúan acciones legales para recuperar acceso al edificio, pero insisten en que quienes más pierden son los migrantes. En octubre, una investigación de Times of San Diego reveló que personas detenidas habían sido retenidas durante días en el sótano del edificio, en celdas con inodoros abiertos, colchonetas en el piso y atención médica insuficiente.
“Yo tuve suerte: pude salir caminando”, dijo Ahlers. “Pero hay gente que desaparece si no hay nadie mirando”.
